San Pedro Sula.- Una ola de preocupación ha surgido entre defensores del medio ambiente, la clase política y representantes de la sociedad civil ante la reciente propuesta del Instituto de Conservación Forestal (ICF) de elevar la categoría de la Zona de Reserva de El Merendón a Parque Nacional. Los críticos de la medida sostienen que, lejos de fortalecer la protección, el cambio de estatus legal podría abrir la puerta a la explotación y poner en riesgo el suministro de agua para la capital industrial de Honduras.
La principal alarma radica en que esta modificación permitiría, bajo ciertos planes de manejo, la ejecución de nuevas construcciones en áreas que actualmente gozan de una protección estrictamente municipal.
Riesgos para el recurso hídrico y la gestión local
Ambientalistas y grupos organizados han señalado los puntos críticos que consideran una amenaza para la integridad de la cordillera:
- Pérdida de control municipal: La ambientalista Diana Betancourt advirtió que el cambio de categoría trasladaría la administración de la reserva desde la alcaldía de San Pedro Sula hacia el ICF, restando autonomía local sobre el recurso más vital de la ciudad.
- Amenaza de urbanización: Leonardo Pineda, de la organización Guardianes de El Merendón, recordó que modificaciones legales previas ya han servido como precedente para permitir urbanizaciones en zonas boscosas que anteriormente eran intocables.
- Vulnerabilidad del agua: Se teme que, al permitirse infraestructuras dentro del nuevo esquema de Parque Nacional, se afecten directamente las fuentes de agua y las cuencas que abastecen a cientos de miles de sampedranos.
Un debate de soberanía ambiental
El Merendón no solo es el “pulmón” de San Pedro Sula, sino su principal fábrica de agua. Por ello, la sociedad civil exige una revisión técnica profunda y transparente antes de cualquier cambio en la legislación ambiental que rige la zona. Mientras el ICF argumenta que el estatus de Parque Nacional brindaría una estructura de conservación estándar, los opositores insisten en que el reglamento municipal actual es más riguroso frente a las presiones de los desarrolladores inmobiliarios. El conflicto pone de relieve la tensión histórica entre el desarrollo urbano y la conservación de los recursos estratégicos en la zona norte del país.
