Tegucigalpa.- La Sala II del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada desarrolla la continuación del juicio oral y público contra 11 agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO). Los uniformados son señalados por graves delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, tras una investigación dirigida por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) que expuso una serie de irregularidades en operativos realizados en la zona norte del país.
A los procesados se les supone responsables de una lista de delitos que incluyen Robo con Violencia e Intimidación, Privación Ilegal de la Libertad, Tortura, Falsificación de Documentos Públicos, Allanamientos y Falso Testimonio.
Detalles de la acusación y hechos imputados
El expediente judicial detalla que los hechos ocurrieron el 13 de noviembre de 2023 en Villanueva, Cortés, bajo circunstancias que comprometen la integridad de la institución policial:
- Allanamiento ilegal: Según la investigación, los agentes ingresaron a una vivienda sin contar con la orden judicial correspondiente, vulnerando el domicilio de dos personas de nacionalidad filipina.
- Apropiación de bienes: Durante el operativo, los efectivos habrían sustraído diversas pertenencias de las víctimas bajo el uso de la violencia y la intimidación.
- Abuso de autoridad: Se les acusa de torturar y privar de libertad a los extranjeros, además de falsificar documentos públicos y prestar falsos testimonios para intentar legalizar el operativo irregular.
Agentes sometidos al proceso judicial
Entre los 11 imputados que enfrentan el debate ante el Tribunal se encuentran Bertha Janina Alemán Antúnez, Yony Omar Raudales Núñez, Nerys Desiderio Mejía Rodríguez, Fernando Josué Castellanos Canales, Wilmer Joel López Gómez, Esdras Sadrat Amaya Martínez y Evely Dalian Triminio Gonzales. También forman parte del proceso Andy Josué Pérez Zelaya, Elvin Antonio Ramos Ramos, Wuilson Isaac Bonilla Hernández y Lener Gilberto Quintanilla Gallardo.
La Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia busca demostrar que los agentes utilizaron su investidura para delinquir contra ciudadanos extranjeros, implantando evidencias para justificar el robo. El juicio continúa con la evacuación de pruebas testificales y periciales que determinarán la responsabilidad penal de cada uno de los involucrados en este caso que ha generado fuertes críticas hacia los protocolos de intervención de la DIPAMPCO.
