Como resultado de un proceso de investigación especializado orientado a combatir los delitos de trata de personas y proteger a la niñez hondureña, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó a una madre y a su compañero de hogar, por suponerlos responsables del delito de trata de personas con la finalidad de explotación sexual comercial agravada y obligación de realizar actividades ilícitas.
La operación fue ejecutada por funcionarios del Departamento de Delitos Especiales (DDE) en la colonia Sosa Lobo, del municipio de Juticalpa, Olancho, en cumplimiento de una orden de captura emitida el 26 de mayo del presente año por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.
Los detenidos fueron identificados como un hombre de 48 años, de oficio guardia de seguridad, y una mujer de 52 años, ambos originarios y residentes en el municipio de Juticalpa.
Las diligencias investigativas desarrolladas por los agentes de la DPI establecen que la víctima, actualmente de 12 años, presuntamente era sometida a explotación sexual comercial desde que tenía ocho años de edad.
Según la investigación, los sospechosos la ofrecían a diferentes hombres a cambio de pagos que oscilaban entre 2,000 y 3,000 lempiras por semana, e incluso era trasladada hacia los departamentos de Choluteca y La Paz para ser explotada sexualmente.
De igual forma, las investigaciones señalan que el padrastro de la menor presuntamente cometía abusos sexuales en su contra y además le conseguía trabajos como empleada doméstica, apropiándose del dinero que la víctima obtenía por dichas labores.
Tras varios meses de seguimiento y la recopilación de varios elementos probatorios, los investigadores de la DPI lograron fortalecer el expediente investigativo que permitió a las autoridades judiciales emitir la orden de captura contra ambos sospechosos.
Es importante mencionar que, durante el desarrollo del operativo, los agentes lograron rescatar a un niño de ocho años de edad, quien presuntamente se encontraba en una condición de vulnerabilidad, por lo que se activaron de inmediato los protocolos de protección correspondientes.
Ambos menores fueron puestos bajo la protección de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), institución encargada de garantizar su atención integral, resguardar sus derechos y brindar el acompañamiento especializado.
Los imputados serán trasladados ante las autoridades de los juzgados competentes en la capital, donde continuarán el proceso legal correspondiente conforme a lo establecido en la legislación vigente.
La DPI reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada con los diferentes operadores de justicia para investigar, combatir y llevar ante los tribunales competentes a quienes infringen la ley.
