Tegucigalpa.- El fiscal general suspendido, Johel Zelaya, compareció este martes ante la Comisión Especial del Congreso Nacional, presidida por el diputado Mario Pérez, en una audiencia pública que marca un hito en la historia jurídica de Honduras. Tras la aprobación del juicio político con una mayoría calificada de 93 votos, Zelaya acudió al Salón de Retratos del Legislativo para presentar sus descargos frente a las acusaciones de presuntas violaciones constitucionales y arbitrariedades en su gestión.
Puntos clave de la comparecencia
La audiencia, que fue habilitada en horas y días inhábiles para agilizar el proceso, se centró en los siguientes aspectos:
- Derecho a la defensa: La Comisión otorgó al funcionario un espacio de hasta cuatro horas para exponer sus argumentos y responder al pliego de cargos. Zelaya denunció previamente que el tiempo otorgado (16 horas de preparación) fue insuficiente al no tener acceso a los documentos del Ministerio Público tras su suspensión.
- Denuncias de amenazas: En un giro dramático, el fiscal suspendido reveló haber recibido amenazas de muerte por parte de estructuras criminales, vinculando estas advertencias al contexto de presión política que rodea su caso.
- Postura ante el pleno: Zelaya reiteró su disposición de acudir a instancias internacionales si considera que se vulnera el debido proceso, afirmando que “no tiene miedo” y que actuó con firmeza durante su mandato.
Procedimiento y futuro inmediato
Mientras se desarrolla la investigación y la evacuación de pruebas, el sistema de justicia opera bajo una estructura interina:
- Fiscalía Interina: El abogado Marcio Cabañas ha asumido la titularidad del Ministerio Público de forma temporal para garantizar que la operatividad de la institución no se detenga.
- Informe de la Comisión: Tras escuchar a Zelaya, la comisión de nueve diputados deberá elaborar un informe detallado que será sometido a votación en el pleno.
- Votación final: Para que la destitución sea definitiva, se requiere que al menos 86 diputados ratifiquen el informe de culpabilidad. De lo contrario, el funcionario sería restituido en su cargo.
Este proceso es seguido de cerca por la comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos, quienes vigilan que se respete la imparcialidad en la primera aplicación de la Ley de Juicio Político contra un titular del Ministerio Público.
