Tegucigalpa.- El fiscal general suspendido, Johel Zelaya, defendió este martes su actuación en uno de los casos de derechos humanos más emblemáticos de Honduras: el asesinato del joven Isis Obed Murillo en 2009. Ante la Comisión Especial de Juicio Político, Zelaya justificó la detención de tres generales de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), argumentando que la responsabilidad penal en violaciones de derechos humanos alcanza a la cadena de mando.
Responsabilidad del superior jerárquico
Zelaya respondió a los cuestionamientos de los diputados sobre la legalidad de las capturas de los altos oficiales, basando su estrategia legal en la doctrina de responsabilidad superior:
- Criterio acusatorio: “Cuando usted no puede encontrar al subalterno que pudo haber disparado, es responsable el superior jerarca”, sentenció el fiscal ante la comisión investigadora.
- Expediente concluido: Aseguró que el requerimiento contra los generales no fue una decisión improvisada ni política, sino que se basó en un “expediente que ya estaba terminado” y que fue de los primeros casos que su gestión priorizó al asumir el cargo.
- Justicia tras 17 años: El funcionario suspendido sostuvo que su administración se atrevió a romper la impunidad histórica que rodeaba este crimen ocurrido durante la crisis política de 2009, cumpliendo con recomendaciones de organismos internacionales.
Impacto en el juicio político
La detención de los generales ha sido uno de los puntos más polémicos citados por la oposición como argumento de “persecución política”:
- Debate en el Pleno: Mientras Zelaya defiende la aplicación de la ley penal, sectores de la oposición cuestionan si los requerimientos fiscales se ajustaron al debido proceso o si fueron utilizados para enviar mensajes políticos a la institución armada.
- Pruebas de descargo: El fiscal utilizó este caso para demostrar que su gestión fue “valiente” al tocar estructuras de poder que anteriormente se consideraban intocables en el país.
- Seguimiento de la Comisión: Los comisionados, liderados por el diputado Mario Pérez, evaluarán si estas actuaciones del Ministerio Público se enmarcaron en la legalidad o si constituyeron un abuso de autoridad.
Con esta declaración, Zelaya reafirma que la captura de los altos mandos militares es, desde su perspectiva, un acto de justicia largamente esperado por los familiares de las víctimas de 2009.
