Tegucigalpa.- El secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledesma, compareció este martes ante el Ministerio Público para hacer entrega formal de la documentación y los expedientes foliados de los juicios políticos realizados contra exfuncionarios de la administración de Xiomara Castro. Entre los expedientes entregados destacan los de Marlon Ochoa, Johel Zelaya y Mario Morazán, con el fin de que el ente acusador inicie las investigaciones pertinentes y determine si existen responsabilidades penales.
Ledesma subrayó que el Poder Legislativo ha cumplido con su facultad constitucional y que ahora corresponde a la fiscalía proceder con el análisis técnico y jurídico de las pruebas remitidas.
Legalidad y respaldo parlamentario
El directivo del Congreso defendió la transparencia del proceso y rechazó los señalamientos de irregularidades en las votaciones, detallando el respaldo obtenido en la cámara:
- Votación documentada: Ledesma aseguró que el proceso contó con el respaldo legal necesario, citando la firma de 93 diputados en el caso de Johel Zelaya y 88 diputados para la destitución de Mario Morazán.
- Separación de poderes: “Es el Ministerio Público, no el Congreso Nacional, quien acusará a los imputados”, aclaró el secretario, enfatizando que la labor legislativa se limitó a la responsabilidad política.
- Cumplimiento constitucional: El funcionario reiteró que todas las actuaciones se realizaron bajo el marco de la Constitución y que la documentación entregada servirá para sustentar las posibles acciones judiciales.
Un precedente para la función pública
Al concluir la entrega, Carlos Ledesma envió un mensaje contundente sobre la rendición de cuentas en el país, señalando que estos procesos marcan un antes y un después en la fiscalización de los servidores públicos. “Nadie está por encima de la ley; esto es un precedente para que ningún funcionario se atreva a violentar la Constitución”, afirmó. Con esta acción, el Congreso Nacional cierra el ciclo administrativo del juicio político, dejando en manos de las autoridades judiciales la deducción de responsabilidades penales contra quienes presuntamente incurrieron en faltas graves durante el ejercicio de sus cargos.
