El presidente de Paraguay, Santiago Peña, no acudió este viernes al Senado para presentar personalmente su defensa en el juicio político iniciado en su contra. En su lugar, envió a sus abogados, quienes comparecieron ante el Legislativo para asumir la representación técnica y jurídica del mandatario.
La ausencia del gobernante se produjo en medio de la crisis política que atraviesa el país por la intervención de Ueno Bank, una entidad financiera que quedó bajo medidas de resolución del Banco Central paraguayo y que mantenía vínculos empresariales anteriores con Peña.
El proceso legislativo avanzó después de que el Senado rechazara la petición del presidente de contar con 72 horas adicionales para preparar sus argumentos. La Cámara Alta lo había convocado para que compareciera y ejerciera su derecho a la defensa, pero el mandatario optó por delegar esa responsabilidad en su equipo legal.
Abogados de Santiago Peña presentan su defensa ante el Senado
Los representantes legales de Peña llegaron al Senado para exponer la defensa técnica y jurídica del presidente, mientras el procedimiento de juicio político continuaba en el Congreso.
La comparecencia de los abogados se produjo luego de que los legisladores concedieran un nuevo plazo para que el mandatario o sus representantes acudieran al pleno, tras negar la prórroga solicitada por el jefe de Estado.
El presidente había argumentado que necesitaba más tiempo para revisar el expediente y preparar su respuesta. Según explicó previamente, recibió una acusación de 15 páginas acompañada de aproximadamente 300 folios de documentación, por lo que consideró insuficiente el margen otorgado para ejercer su defensa.
Peña también cuestionó que se le exigiera responder en pocas horas y sostuvo que esa situación no garantizaba el debido proceso.
¿Por qué someten a juicio político al presidente de Paraguay?
El juicio político contra Santiago Peña está relacionado con las repercusiones de la intervención de Ueno Bank, una institución financiera cuyo cierre o proceso de resolución generó preocupación entre miles de clientes que tenían recursos depositados en la entidad.
El Banco Central del Paraguay ordenó la intervención luego de detectar que el índice de solvencia de la institución había caído por debajo del mínimo exigido. La situación también despertó inquietud por los recursos públicos y fondos de jubilación que se encontraban en el banco.
Las acusaciones presentadas ante el Senado señalan un presunto mal desempeño de las funciones presidenciales e incluyen cuestionamientos por posibles conflictos de intereses, vínculos empresariales y decisiones relacionadas con el funcionamiento de la entidad financiera.
Entre los señalamientos figura la relación que Peña mantuvo con Ueno Holding, conglomerado empresarial al que pertenece el banco. El mandatario había tenido acciones en ese grupo, pero las vendió en marzo de 2025.
Estos señalamientos forman parte del proceso político y deberán ser examinados por los legisladores. La apertura del juicio no representa por sí misma una declaración de culpabilidad.
Una crisis que también alcanzó la continuidad del Gobierno
La situación política se agravó después de que la Cámara de Diputados aprobara por unanimidad la acusación para someter a Peña a juicio político.
En medio de esa sesión, el presidente presentó su renuncia; sin embargo, una reunión posterior del Congreso convocada para abordar su dimisión no logró el cuórum necesario, luego de que varios legisladores oficialistas abandonaran el recinto.
Por esa razón, Peña continuó formalmente en el cargo mientras el Senado avanzaba con el procedimiento para determinar su responsabilidad política.
La crisis también provocó preocupación entre los ahorrantes de Ueno Bank, quienes han seguido de cerca las decisiones de las autoridades financieras y el desarrollo del proceso contra el mandatario.
¿Qué puede ocurrir después del juicio político?
El Senado deberá continuar con las etapas previstas para examinar la acusación y la defensa presentada por el presidente, antes de someter el caso a una decisión legislativa.
Una eventual destitución requiere el respaldo de 30 de los 45 integrantes de la Cámara Alta. Si se alcanza esa mayoría, Peña perdería la Presidencia y los privilegios asociados a su condición de senador vitalicio.
En ese escenario, el vicepresidente Pedro Alliana asumiría la jefatura del Ejecutivo, conforme al orden de sucesión establecido en Paraguay.
Por ahora, la comparecencia de los abogados marca un nuevo capítulo en el juicio político, mientras el país permanece atento tanto al futuro del mandatario como a las consecuencias financieras y políticas derivadas de la crisis de Ueno Bank.
