Tegucigalpa, Honduras. – La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) ha solicitado ante el órgano jurisdiccional penas que oscilan entre los 1,260 y 1,273 años de prisión para 15 integrantes de la pandilla 18, quienes fueron declaradas culpables de la masacre ocurrida el 20 de junio de 2023 en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), donde 46 mujeres privadas de libertad perdieron la vida.
Según el requerimiento fiscal, las condenas incluyen los delitos de asesinato, tentativa de asesinato, asociación para delinquir e incendio cualificado, además de otros relacionados con el porte ilegal de armas y municiones.
Distribución de las condenas
El Ministerio Público detalla las penas solicitadas de la siguiente manera:
- 1,260 años de prisión para:
- Heidy Jackeline Palma Rivera, alias “La Suicida”
- Leyla Rosmeri Figueroa Pavón, alias “La Pichingón”
- Francis Margarita Chavarría Ávila
- Lourdes Eloísa Barrientos Turcios
- Rosa Bertha Marroquín Almendares, alias “La Nena”
- María Cristina Cálix Salinas, alias “La Fuga”
- Any Dayana Barahona Mejía, alias “La Vagabunda”
- Dania Jakeline Maradiaga Flores, alias “La Inquieta”
- 1,265 años de prisión para:
- Lesbia Ondina Rodríguez Orellana, alias “La Tafi”
- Kenia Patricia Salinas Rivera, alias “Flavia Marlene Tercero” o “La Tremenda”
- Karen Lorena Ávila Pavón, alias “La Flaca Ávila”
- 1,268 años de prisión para:
- Claudia María Lemus Aceituno, alias “Saico”
- Cherry Darling Guevara, alias “La Flaca Halloween”
- Susana Godoy Leiva, alias “La Buller”
- 1,273 años de prisión para:
- María del Carmen Contreras Castillo, acusada de portar municiones de uso prohibido, entre otros delitos.
Caso pendiente y próximos pasos
El Ministerio Público también incluye en la causa a Arleny Sarahí Guerra Portillo, cuyo juicio está programado para llevarse a cabo del 26 al 30 de mayo de 2025.
Compromiso con la justicia
Con estas solicitudes, el Ministerio Público reafirma su compromiso de garantizar justicia para las víctimas y sus familias, así como de prevenir la impunidad en casos de muertes violentas, especialmente en contextos de privación de libertad.
