Colombia.- En un viraje significativo en la estrategia de seguridad del país, el gobierno encabezado por el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha puesto sobre la mesa la necesidad de redefinir el enfoque con el que se ha combatido la violencia, señalando que durante años se limitaron los derechos de los ciudadanos respetuosos de la ley mientras las estructuras al margen de la ley continuaban nutriendo sus arsenales de manera clandestina. Las estadísticas oficiales revelan la magnitud de la amenaza: entre el primero de enero y el tres de septiembre, la Fuerza Pública logró la incautación de quince mil setecientas armas de fuego, de las cuales catorce mil ciento setenta y nueve guardan relación directa con la ejecución de delitos.
El desglose operacional de las incautaciones pone de manifiesto la penetración de los grupos armados ilegales, vinculando novecientos ochenta artefactos a disidencias, quinientos cincuenta y uno al Clan del Golfo y trescientos treinta y nueve al Ejército de Liberación Nacional (ELN), destacándose la presencia de trescientos ochenta fusiles y sesenta y cinco morteros de calibre sesenta milímetros en poder de los frentes disidentes. Para las autoridades, este descomunal poder de fuego representa el verdadero blanco estratégico que el aparato estatal debe neutralizar y desmantelar por completo, redirigiendo sus capacidades hacia la persecución de las economías ilícitas y las redes de suministro criminal.
Las autoridades enfatizaron categóricamente que esta modificación normativa no equivale en ningún momento a la instauración de un porte indiscriminado de armas, toda vez que se mantendrán vigentes los controles rigurosos, los requisitos formales y la expedición de permisos bajo la estricta supervisión de las agencias competentes. La medida busca suprimir la prohibición generalizada que convertía la restricción en la norma general, estableciendo un principio de distinción institucional: garantías y certidumbre jurídica para el ciudadano honesto, y la aplicación implacable de la fuerza legítima y la ley para el delincuente armado.
Con esta directriz, el Gobierno busca desarticular las redes de abastecimiento armamentístico que alimentan la criminalidad urbana y rural, enfatizando que la tranquilidad colectiva no puede sostenerse desarmando a la población civil mientras los grupos subversivos y mafiosos operan con impunidad. El Ejecutivo reiteró que el objetivo central de la política de defensa es arrebatar el armamento ilegal a los transgresores de la ley, garantizando que el monopolio de la fuerza continúe firmemente en manos de las instituciones del Estado colombiano.
