El panorama legal que le espera a Francisco oropesa no es sencillo. El mexicano, de 38 años, enfrenta cinco cargos de asesinato en primer grado y podría someterse a una condena de homicidio capital (pena de muerte).
Según las leyes del estado de Texas, si alguien asesina a más de una persona en un mismo episodio puede enfrentar cargos de asesinato capital e, incluso, la pena de muerte.
Sin embargo, someterse a cargos de asesinato capital será una decisión exclusiva de un juez de San Jacinto, ante quien Oropesa deberá presentarse en las próximas horas.
Francisco Oropesa, según la acusación, tomó su rifle AR-15 y mató a cinco hondureños la noche del viernes 28 de abril, en San Jacinto, Texas, luego de que un vecino le pidiera que dispara lejos de su casa.
Tras el violento hecho, el mexicano huyó de la policía y pasó prófugo de la justicia hasta la tarde del martes, cuando fue capturado en Cut and Shoot, Texas, a unos 50 kilómetros de la escena del crimen.
Ahora, a nivel judicial, al presunto asesino se le darán a conocer sus derechos constitucionales y los cargos que le imputan. Podrá declararse culpable o inocente y solicitar un abogado, pero en todo caso deberá someterse a la voluntad de un juez.
Hay además fijada una fianza de entre 5 y 7.5 millones de dólares, pero la Fiscalía puede solicitar al juez que, bajo ningún motivo, se le otorguen medidas que no sean la cárcel.
Este miércoles, también fueron detenidas otras personas involucradas en el asesinato contra los cincos hondureños.
Se trata de Divimara Lamar Nava, pareja del sospechoso, quien enfrenta un cargo grave por haber escondido o ayudado a Francisco Oropesa, y de Domingo Castilla, supuesto amigo de Oropesa que también habría ocultado su paradero.
‘Todo el peso de la ley’
El Gobierno hondureño, a través de la Cancillería, pidió “todo el peso de la ley para Francisco Oropesa”.
Unos 200 agentes, incluido el Buró Federal de Investigaciones (FBI, sigla en inglés), trabajaron para capturar al sospechoso del múltiple asesinato.
Las víctimas mortales, todas de nacionalidad hondureña, son: Diana Velásquez (21), Jonathan Cáceres (18), Obdulia Molina (31), Sonia Guzmán (28) y Daniel Lazo (8).
Sus cuerpos, excepto el de Velásquez, serán repatriados bajo coordinación de los gobiernos de Estados Unidos y Honduras.
