Salud

Pacientes renales buscan mediación del Conadeh en reunión con titular de la SESAL

Tegucigalpa, Honduras

Un colectivo de pacientes renales ha hecho un llamado al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) para actuar como mediador en una próxima reunión con Carla Paredes, actual titular de la Secretaría de Salud (SESAL). La esperanza de estos pacientes es que el Conadeh garantice el cumplimiento de los compromisos que se establezcan durante el encuentro.

Amalia Reyes, una de las pacientes afectadas, expresó la determinación del grupo al llegar a las oficinas del Conadeh: “A pesar de los riesgos, es nuestro deber y hoy pedimos el apoyo del Conadeh, como también intentamos que la ministra Paredes esté dispuesta a reunirse, con la presencia de otras instituciones”. Reyes subrayó la lucha de los pacientes renales por su derecho a una vida digna, señalando la importancia de la calidad en la prestación del servicio más allá de quién lo ofrezca.

La controversia surge en un momento en que los servicios de diálisis para miles de pacientes están en juego, con menciones a una empresa que ha proveído este cuidado esencial durante más de dos décadas. “¿Cómo podemos hablar de mal tratamiento después de 23 años de cuidados que nos han mantenido vivos?”, planteó Reyes, enfatizando la necesidad de enfoque en alcanzar acuerdos justos en lugar de desacreditaciones.

José Nolasco, otro paciente involucrado, confirmó la intención del grupo de buscar el soporte del Conadeh para garantizar la transparencia y el cumplimiento de cualquier acuerdo con la Secretaría de Salud. Según Nolasco, experiencias pasadas han estado plagadas de promesas incumplidas, lo que subraya la importancia de tener un testigo confiable en las negociaciones.

Entre las solicitudes de los pacientes se incluye la libertad para elegir dónde recibir tratamiento durante el proceso de licitación de nuevos proveedores de servicio, citando el ejemplo específico de 587 pacientes actualmente en tratamiento en Diálisis de Honduras.

Además, se propone que cualquier proceso de licitación respete tanto la Ley de Contratación del Estado como la Ley Nacional Renal, permitiendo a los pacientes participar como veedores para asegurar la calidad y accesibilidad del tratamiento.

Este grupo representa a más de 4,200 pacientes renales que dependen de los servicios ofrecidos bajo el programa de la Secretaria de Salud.

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