Tegucigalpa.- El Ministerio Público ha solicitado formalmente a las Fuerzas Armadas de Honduras la entrega de expedientes e informes de inteligencia sobre un grupo de oficiales que presuntamente participaron en el boicot del pasado proceso electoral primario. La petición surge tras denuncias que señalan a militares de haber cumplido órdenes directas de Roosevelt Hernández para interferir en la logística y custodia del material electoral, una responsabilidad que la Constitución asigna a la institución castrense para asegurar la transparencia de los comicios.
El ente acusador busca determinar la responsabilidad penal de los uniformados en delitos como violación a los deberes de los funcionarios y obstrucción al proceso democrático.
Órdenes bajo la lupa investigativa
La solicitud del Ministerio Público se centra en identificar la cadena de mando que permitió las irregularidades durante la jornada electoral:
- Obstrucción Logística: Se investiga el retraso deliberado en la distribución de maletas electorales y el abandono de perímetros de seguridad en centros de votación estratégicos.
- Requerimiento de Bitácoras: Los fiscales han pedido las bitácoras operativas y registros de comunicaciones para confirmar si las instrucciones de Hernández fueron ejecutadas al margen de la normativa legal.
- Abuso de Autoridad: El expediente apunta a que el uso de recursos estatales para fines políticos y el entorpecimiento del sufragio constituyen una falta grave que debe ser judicializada.
Consecuencias para la cúpula militar
Este requerimiento marca un paso decisivo en la fiscalización del rol militar en asuntos civiles, apuntando directamente a la injerencia de la alta jerarquía en el sistema democrático. Organizaciones de la sociedad civil respaldan la acción del Ministerio Público, exigiendo que los oficiales bajo sospecha sean separados de sus cargos para garantizar que no haya manipulación de la evidencia dentro de los cuarteles. El Ministerio Público reafirmó que la justicia actuará con rigor y que se presentarán los requerimientos fiscales correspondientes contra todo aquel que haya atentado contra la voluntad popular expresada en las urnas.
