Tegucigalpa.- El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), presentó de manera formal un requerimiento fiscal ante un Juzgado de Letras con Jurisdicción Nacional en contra del exoficial de la Policía Nacional, Mario Guillermo Mejía Vargas. A las autoridades judiciales se les solicita iniciar el proceso penal correspondiente al suponer al expolicía responsable de la comisión del delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras.
La acción judicial es el resultado de un exhaustivo proceso de investigación financiera y patrimonial coordinado por agentes de la FESCCO y equipos técnicos especializados. Los análisis forenses determinaron que el imputado posee un patrimonio injustificado que no guarda congruencia con los ingresos legítimos que percibía durante su tiempo de servicio en la institución de seguridad pública.
Millonaria suma sin justificar y nexos con el narcotráfico
La acusación interpuesta por el ente acusador del Estado detalla los montos bajo investigación y los antecedentes criminales del encausado:
- Monto bajo sospecha: La fiscalía determinó que el exoficial no logró justificar el origen lícito de cinco millones cuatrocientos noventa y dos mil ochocientos treinta y seis lempiras (L 5,492,836.00).
- Vínculo ilícito: Los indicios recopilados apuntan a que los millonarios recursos económicos fueron presuntamente obtenidos a través de actividades criminales y transacciones vinculadas a mafias organizadas.
- Condena en el extranjero: Mario Guillermo Mejía Vargas se encuentra recluido actualmente en los Estados Unidos, donde cumple una condena tras ser encontrado culpable por delitos federales de narcotráfico.
- Confesión de complot: Durante sus audiencias ante las cortes estadounidenses, el exoficial admitió haber participado en planes criminales dirigidos contra el exdirector de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), Julián Arístides González.
Persecución de las fuentes de financiamiento ilícito
Las autoridades fiscales enfatizaron que las investigaciones patrimoniales y de flujo de capitales permitieron sustentar sólidamente el requerimiento con la finalidad de asegurar y posteriormente recuperar a favor del Estado los bienes obtenidos de forma ilegal. Con este nuevo caso, el Ministerio Público reafirmó su compromiso institucional de seguir atacando con contundencia las estructuras del crimen organizado mediante el desmantelamiento de sus fuentes de financiamiento. Asimismo, la institución reiteró a la opinión pública que el combate frontal al lavado de activos es una prioridad para el fortalecimiento del Estado de Derecho y la reducción de los índices de impunidad en el país.
