México
El Gobierno de México ofrecerá visas humanitarias a las 32 personas migrantes que fueron recientemente secuestradas en el estado de Tamaulipas, ubicado en el noreste del país, según anunció el Instituto Nacional de Migración (INM) este jueves.
En un comunicado, el INM señaló que comenzará el proceso administrativo para otorgarles tarjetas una vez que hayan sido reconocidos como víctimas de delito por la fiscalía estatal.
Asimismo, solicitó el respaldo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para validar las diversas acciones y apoyos brindados.
Adicionalmente, se hizo un llamado al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) del estado mencionado para intervenir, especialmente debido a la presencia de menores de edad y núcleos familiares en la situación.
Este jueves, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó que los 32 migrantes secuestrados en Tamaulipas, estado fronterizo con Estados Unidos, fueron liberados por sus captores y no rescatados por el Gobierno. Hasta el momento, no se han reportado detenciones relacionadas con el caso.
Las declaraciones del mandatario contrastaron con las del vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, y la titular de la Secretaría de Gobernación (Interior), Luisa María Alcalde, quienes el miércoles aseguraron que las autoridades “rescataron” a los migrantes, identificados como 26 procedentes de Venezuela y seis de Honduras.
En su conferencia matutina de este jueves, López Obrador aclaró que la investigación continúa, pero que el motivo del crimen fue extorsionar a los familiares de los migrantes, reportando un total de 32 víctimas tras incluir a una bebé que no se había contabilizado inicialmente.
Las autoridades mexicanas conocieron del incidente el 30 de diciembre, cuando hombres armados con pasamontañas interceptaron un autobús de 36 pasajeros que se dirigía de la norteña ciudad de Monterrey a Matamoros, fronteriza con Brownsville (Texas), según informó la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, el miércoles.
El INM precisó que, “tras ser reconocidas como víctimas de delito por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, iniciará el proceso administrativo para entregarles dicha tarjeta que les permitirá acceder a diversos servicios públicos y garantizar su derecho humano a la identidad para integrarse a la vida social, económica y productiva del país.
