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Mejores salarios y contratos, piden latinoamericanos en el Día del Trabajador

En Argentina la población hizo un acto masivo en la Plaza de Mayo por “la derrota del ajuste y el pacto del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) apoyado por todos los partidos patronales”.

Los reclamos enmarcan problemas como la inflación del 104,3 % anual en marzo último, la caída del poder adquisitivo de los salarios, la informalidad laboral y el aumento de la pobreza al 39,2 % en 2022.

Por otra parte, la Central de Trabajadores-Alianza Sindical en Venezuela pidió un consejo consultivo nacional de salarios, como una instancia permanente y exhortó a la liberación de los dirigentes gremiales detenidos por defender los derechos.

En marzo de 2022, el Ejecutivo fijó el salario mínimo en 130 bolívares, que equivalían entonces a 30 dólares, y que por la inflación se vieron reducidos a poco más de 5 dólares.

En Nicaragua, según economistas independientes, como Adolfo Acevedo, más del 70 % de los trabajos corresponde al sector informal.

Tras el acto de la central sindical por el Día Internacional de los Trabajadores, el Gobierno de Uruguay expresó su “desacuerdo” con ser responsable de un modelo “desigual” pero dijo estar abierto a “construir” diálogo.

Los trabajadores en Colombia salieron con banderas, arengas y pancartas para apoyar las reformas que impulsa el Gobierno de Gustavo Petro, quien llamó al pueblo a movilizarse, ya que sus propuestas no han tenido éxito en el Congreso.

Por su parte, la ministra chilena de Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, pidió al Parlamento “acelerar” la discusión de un proyecto que busca aumentar de manera gradual el salario mínimo hasta los 500.000 pesos (cerca de 620 dólares) en julio de 2024.

Pese a tener uno de los salarios mínimos más altos de Latinoamérica, tras un rebote del producto interior bruto (PIB) del 11,7 % en 2021, la economía chilena creció solo un 2,4 % el año pasado, mientras que la inflación cerró con un alza del 12,8 %, la más alta desde 1992.

BIENESTAR

A la precarización económica se suman factores que pueden poner en riesgo la salud mental y física de los trabajadores: el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), Albino Vargas, calificó como “increíble” que Costa Rica esté cerca de aprobar por ley jornadas laborales de 12 horas.

La ley permitirá a las empresas del sector privado las jornadas 4-3, es decir, 4 días de trabajo de 12 horas cada uno por 3 de descanso.

Según los sindicatos, este cambio de jornada dejará a las empresas esquivar el pago de horas extras y será una carga para la vida de los trabajadores.

Por su parte, el Código Laboral en Haití exige un ajuste salarial por cada aumento de al menos el 10 % de la tasa de inflación, actualmente estimada en torno al 50 %, según informes oficiales.

El salario mínimo de los trabajadores subió en 2022 un 37 %, según datos de Oxfam Intermón. Por esta y otras razones marcharon los trabajadores este lunes en Haití.

A su turno, el sindicato de trabajadores del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala denunció que las autoridades de esta entidad han contratado personal sin experiencia y han negado permisos por emergencias médicas.

En Cuba, los actos por el Día Internacional de los Trabajadores quedaron aplazados para el próximo viernes debido a las fuertes lluvias que golpearon el domingo a la isla.

PROBLEMAS DE FONDO

Panamá llega a esta fecha inmersa en un largo debate sobre uno de los dos subsistemas de pensiones de la Caja del Seguro Social (CSS), que está a punto de quedarse sin fondos, según las alertas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Por otra parte, en un manifiesto firmado por la Nueva Central de las y los Trabajadores de México, la organización criticó que los Gobiernos neoliberales “están desplegando una brutal ofensiva” en contra de la clase trabajadora al imponer reformas antipopulares.

Finalmente, informaron que convocarán a un diálogo nacional a través de una Convención Nacional Democrática de las y los trabajadores que contribuya a la reorganización de la clase trabajadora que dote de una plataforma de lucha “antisistémica y reivindicativa”.

En Ecuador, María Paz Jervis, de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias, destacó que el Primero de Mayo es también la oportunidad para recordar la “necesidad de cerrar las brechas laborales”, pues 6 de cada 10 personas de la fuerza laboral “no tienen un empleo adecuado”.

En Honduras, la población también se manifestó, pues de los diez millones de habitantes, dos millones tienen problemas de empleo.

ALTERCADOS

Los manifestantes salvadoreños pidieron a las autoridades “nuevamente revisar” el salario mínimo, que actualmente es de 365 dólares mensuales, para un aumento que les permita “costearse los productos de la canasta básica”.

Durante las protestas, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) denunció la detención de al menos 20 sindicalistas, algunos de ellos capturados en el marco de un régimen de excepción implementado en el país para ‘combatir’ a las pandillas.

En esa misma línea, tres líderes sindicales puertorriqueños fueron arrestados en las protestas organizadas.

La Policía dijo que fueron arrestados “por obstrucción a la justicia”, sin embargo, Scott Barbés, miembro de la central general de trabajadores, aseguró al medio EFE que “no hicieron nada más que intentar hablar.

¿POSIBLES SOLUCIONES?

Tras una multitudinaria marcha, el presidente boliviano, Luis Arce, anunció la promulgación de varios decretos como el incremento salarial, que fue acordado entre la Central Obrera Boliviana y el Gobierno la semana pasada, y otros para promover la profesionalización de los trabajadores.

Aunque Nicaragua conmemoró el Primero de Mayo con el salario mínimo promedio mensual más bajo de Centroamérica, con 213,2 dólares, a partir del 1 de septiembre próximo se incrementará unos 12,7 dólares, de acuerdo con lo convenido en una mesa tripartita.

Por su parte, El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes el aumento de dos bonos, uno de alimentación que reciben trabajadores activos y otro de “guerra” para pensionados y otros sectores, de 40 y 20 dólares, respectivamente, como parte de un “plan de emergencia” para recuperar el salario.

En Brasil, el mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, creó este lunes un grupo de trabajo para elaborar una reglamentación para los repartidores a domicilio y conductores vinculados a aplicaciones móviles, algo que la población lleva un tiempo exigiendo.

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