Tegucigalpa, Honduras – La Red por la Defensa de la Democracia (RDD), compuesta por 17 organizaciones de la sociedad civil, iglesias, academia, sector privado, movimientos de mujeres, jóvenes y gremios, ha lanzado el “Observatorio de la Democracia”.
Esta nueva iniciativa busca salvaguardar los valores democráticos, defender el espacio cívico y combatir la corrupción en Honduras mediante un monitoreo exhaustivo de la gestión pública.
El Observatorio se centrará en el seguimiento del proceso electoral, el espacio cívico y el Estado de derecho.
A través de la recopilación rigurosa de datos, análisis y promoción, el objetivo es asegurar un entorno democrático sostenible y próspero.
Áreas de enfoque del observatorio
Entre sus principales áreas de enfoque están el monitoreo del financiamiento político, el cronograma electoral y la observación de las elecciones primarias y generales.
La RDD expresó su preocupación por la falta de implementación de las recomendaciones realizadas por misiones internacionales y nacionales después de las elecciones de 2021.
Hasta ahora, solo dos de estas recomendaciones han sido parcialmente adoptadas.
El Observatorio también se encargará de identificar y contrarrestar las restricciones al espacio cívico, incluyendo ataques a la sociedad civil, manipulación de medios, desinformación y generación de conflictos.
Se prestará especial atención a prácticas antidemocráticas que amenazan la estabilidad del país, como la concentración de poder y la corrupción.
Un ejemplo alarmante de estos ataques es el gran número de publicaciones en redes sociales realizadas por funcionarios del gobierno actual, dirigidas contra la sociedad civil, la cooperación internacional y medios de comunicación.
En el lanzamiento del Observatorio, también se presentó una herramienta virtual que permitirá a la ciudadanía acceder a indicadores clave, como datos sobre desinformación, conflictividad social y el cumplimiento del acceso a la información pública.
La RDD utilizará los resultados del monitoreo para abogar por reformas necesarias en áreas clave para una democracia sana, como la celebración de elecciones libres y transparentes, la protección del espacio cívico y la mitigación de prácticas corruptas y antidemocráticas.
