La información clasificada es crucial para la defensa del expresidente en la audiencia de información clasificada programada para el 16 de enero del 2024.
Nueva York, Estados Unidos
La abogada Sabrina Shroff, del equipo legal del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, solicitó al Juez Kevin Castel de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que el Gobierno de los Estados Unidos entregue sin más dilación la totalidad de la información clasificada antes de la audiencia de información clasificada fijada para el 16 de enero de 2024.
La petición al juez Castel, se fundamenta por parte de la defensa del exmandatario, ya que hasta la fecha prevalece la negativa del Gobierno de los Estados Unidos a proporcionar toda la información solicitada por la abogada Shroff, sobre una lista de documentos clasificados pedidos el 26 de diciembre del 2023 y que el juez autorizó la petición de Hernández de que su equipo legal pueda examinar algunos documentos clasificados relacionados con el juicio.
La abogada Sabrina, afirma en la carta que el 26 de diciembre de 2023, se proporcionó al gobierno de los Estados Unidos una lista de documentos clasificados que no reflejan las declaraciones del Sr. Hernández.
En la misma correspondencia, Shroff acentúa que informo al gobierno que la Regla 16 de la Regla Federal de Procedimiento Penal requiere que el gobierno asuma la carga y “revele al acusado, y ponga a disposición para inspección, copia o fotografía, cualquier declaración escrita o grabada relevante del acusado si la declaración está en posesión, custodia o control del gobierno; y el procurador del gobierno sabe o mediante la debida diligencia podría saber que la declaración existe”.
Igualmente, en la comunicación se refirió en los siguientes términos “le recuerdo a los fiscales que la carga recae directamente sobre el gobierno y no se ve afectada por la naturaleza clasificada de la información”. “Espero con ansias la divulgación del gobierno” escribió la Abogada Sabrina Shroff.
Esto porque la Fiscalía todavía no ha entregado dicha información a la defensa de Hernández, información a la que legalmente tiene derecho y es fundamental contar con la suficiente antelación, para demostrar su inocencia en el juicio programado para el 5 de febrero.
Recalcó, que “la divulgación clasificada actual del gobierno incluye información denominada “CBU”. CBU es un acrónimo de “Confidencial, pero sin clasificar”.
Sabrina Shroff, describe al Juez Castel que “le ha pedido al gobierno que confirme que todo el material de la CBU ha sido proporcionado al Sr. Hernández a través de su abogado no autorizado en forma de divulgación de la Regla 16 o 3500.” Lo que comunicó que en respuesta a su petición “el gobierno ha respondido por correo electrónico del 27/12/23 que está “trabajando para proporcionarlos en un formato redactado y sin clasificar”.
“El señor Hernández espera una versión desclasificada de las sentencias orales de la Corte; las presentaciones clasificadas del gobierno hasta la fecha, incluida su respuesta a la presentación del Sr. Hernández, según la sección 5 de conformidad con CIPA; y el Sr. Hernández CIPA presentación de la sección”, reitero Shroff en su carta.
La carta al Juez Castel, busca agilizar la entrega de la información, en vista de la demora del gobierno de los Estados Unidos en la entrega de la información, lo que de acuerdo al ordenamiento jurídico de los Estados Unidos, para algunos juristas se puede interpretar como un desacato a la resolución del Juez del Distrito Sur de la Ciudad de Nueva York y que a su vez transgrede la Ley de Procedimiento de Información Clasificada (CIPA por sus siglas en inglés ) que permite que en procesos legales como el que enfrenta el exjefe del Estado hondureño se maneje de forma segura la información clasificada o sensible.
Sumado a este incumplimiento de la Fiscalía del Distrito Sur con la resolución del Juez del Distrito Sur de la Ciudad de Nueva York sobre la entrega a la defensa de información clasificada y no clasificada exculpatoria en el tiempo oportuno, ahora la Fiscalía en las últimas horas solicito una nueva prórroga para responder al juez su resolución del 20 de diciembre y la carta de la Abogada Sabrina.
La orden CIPA su finalidad es ayudar a proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos y los secretos de Estado, pero a su vez asegura que en el proceso legal se continúe brindando información relevante, pero limitada, protegiendo los derechos de defensa de los acusados.
A pesar del plazo dado por el Juez y del compromiso de la Fiscalía que en un documento del 7 de julio del presente año aseguraron que “en cualquier caso, el Gobierno es consciente de sus obligaciones de divulgación y continuará cumpliéndolas.
El Gobierno ya ha proporcionado, y continuará proporcionando, material de 3500 y Giglio para testigos que testifiquen y no testifiquen meses antes del juicio, y, como para la mayoría de los testigos, mucho antes del plazo de 60 días antes del juicio del 5 de febrero de 2024 para proporcionar dicho material. No se requiere nada más”.
Sin embargo, a la fecha han incumplido con esta obligación. Horas más tarde de la presentación de la nota de la Abogada Shroff, los fiscales Damián Williams, Jacob H. Gutwillig, David J. Robles, Elinor L. Tarlow y Kyle A.
Wirshba escribieron a la corte señalando que de conformidad con la Orden de la Corte del 20 de diciembre de 2023 y en respuesta a la carta presentada por la Abogada Sabrina Shroff de fecha 27 de diciembre de 2023., que plantea otros temas, y con el fin de dar tiempo al Gobierno para consultar con las partes interesadas pertinentes, el Gobierno solicita respetuosamente una prórroga, hasta el 4 de enero de 2024, para entregar su presentación.
Indefensión
La Constitución de los Estados Unidos y diversas decisiones judiciales, respaldan, preservan los derechos fundamentales de los individuos y garantiza que el sistema legal funcione de manera justa y equitativa respetando los siguientes principios:
“Primero la igualdad ante la Ley, está claro que hay una desigualdad procesal; el derecho a un juicio justo, pero es evidente que hay una marcada obstrucción de la entrega de información o material exculpatorio, documentos clasificados o no clasificados; el derecho a la defensa efectiva pero se está socavando el derecho esencial de garantizar un juicio justo; el principio de contradicción, pero la dilatoria a la falta de acceso a documentos o medios de prueba que permita refutar toda acusación es clara ; así como el debido proceso legal ya que toda obstrucción y demora es incompatible con un proceso justo y equitativo”, sentenció la exprimera Dama Ana García de Hernández.
¿Se estaría desarrollando un Juicio injusto en la Corte del Distrito Sur de Nueva York? Se formulo esta consulta a la exprimera Dama Ana, por lo que reitera y asevera que su esposo desde un inicio del proceso ha enfrentado una serie de situaciones adversas que conllevan a un claro estado de indefensión incluso hay situaciones que se siguen dando, sobre el irrespeto de garantías individuales del expresidente Juan Orlando Hernández, a su vez afirmo que su esposo es acusado injustamente.
¿Por que la fiscalía del distrito Sur no ha cumplido con la resolución del Juez del Distrito Sur de la Ciudad de Nueva York sobre la entrega a la defensa de información clasificada y no clasificada exculpatoria en el tiempo oportuno y ahora solicitan una nueva prorroga para responder al juez su resolución del 20 de diciembre y la carta de la Abogada Sabrina? A lo que García respondió que “Un caso que supuestamente la fiscalía investiga desde hace años según lo dijeron en los documentos que enviaron para justificar la extradición, y que ha pocas semanas del inicio del juicio es evidente que no puedan entregar información exculpatoria, y sus pruebas se basen en el testimonio de narcotraficantes confesos que todos tiene acuerdos de negociación para reducir sus penas.
Lo he dicho antes, mi esposo Juan Orlando es inocente, todo esto es parte de una venganza, una conspiración geopolítica y una negociación política, por lo que señala que más que un juicio penal, es un juicio político el que enfrenta su esposo, aseverando que el poder de la verdad, de las evidencias demostrará lo contrario y se conocerán muy pronto los elementos porque de esta conspiración perversa contra un presidente que siempre se mostró como el mejor aliado de los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional, con resultados que fueron reconocidos por Washington y diversas agencias enfocadas a luchar contra el mundo criminal”.
“Un proceso desigual donde los fiscales cuentan con millonarios recursos para perseguir este caso y cientos de empleados, pero que no han cumplido sus obligaciones de entregar en tiempo la información que deben entregar, especialmente la información exculpatoria; un proceso donde los fiscales pretenden limitar los recuerdos y vivencias que mi esposo puede compartir con su abogado de todo su trabajo por recuperar la paz y seguridad de Honduras y que prueban su inocencia; un proceso donde se pesa más a favor de la seguridad de un Estado que el derecho a defenderse de una persona inocente”, reiteró.
“Pero Dios ya nos dio la victoria, su justicia prevalecerá, la verdad saldrá a luz y Juan Orlando pronto VOLVERA A CASA” finalizó
