Tegucigalpa.- La grave crisis de acceso a la justicia en Honduras quedó evidenciada en las cifras presentadas por la defensora de los derechos de la mujer, Cristina Alvarado, quien expuso la alarmante disparidad entre los crímenes registrados y las sentencias emitidas por el Poder Judicial. Según los datos oficiales recabados entre 2019 y 2025, de un total de 2,278 casos de muertes violentas de mujeres y femicidios, solo 150 fueron judicializados y, de estos, únicamente 67 finalizaron con una sentencia condenatoria.
Alvarado cuestionó severamente la capacidad institucional para responder ante esta problemática, señalando que la mayoría de los expedientes han quedado sin resolución, lo que deja a las familias en un estado de indefensión permanente. Para la defensora, este panorama refleja una situación de impunidad estructural donde los responsables de los actos criminales permanecen sin sanción, mientras las instituciones encargadas de la justicia parecen incapaces de frenar la violencia contra las mujeres en el país.
Impacto social y el llamado a priorizar la prevención sobre el castigo
La problemática, según explica Alvarado, trasciende el daño a la víctima directa debido a las graves consecuencias que genera en su entorno familiar y comunitario:
- Efectos colaterales: Cada femicidio genera una afectación profunda que incluye la orfandad de hijos e hijas y la pérdida del principal sostén económico en las familias.
- Deterioro social: Estas muertes violentas provocan un mayor desgaste en el tejido social de las comunidades que sufren la pérdida de sus integrantes.
- Crimen organizado: El conflicto generado por la presencia de estructuras criminales en el país atrapa directamente a mujeres, niñas y familias en ciclos constantes de violencia.
- Enfoque preventivo: Alvarado subrayó que las políticas de Estado no deben limitarse al endurecimiento de las penas, pues el castigo por sí solo no resolverá la violencia.
- Necesidad institucional: Es urgente que las instituciones que atienden lo social cierren la brecha existente con la realidad de las comunidades, marcada por la pobreza, la exclusión y la falta de oportunidades.
La defensora reiteró que la prevención debe consolidarse como el eje central de las estrategias nacionales, mediante programas fortalecidos de protección y atención institucional. Las organizaciones de derechos humanos insisten en que el Estado debe dejar de ser un actor reactivo y comenzar a atacar las causas raíz de la violencia, evitando así que este fenómeno continúe normalizándose en la sociedad hondureña.
