Santa Bárbara.- Una misteriosa e irregular muerte ha conmocionado a los pobladores de la comunidad de Aguelada, en el municipio de San Luis, departamento de Santa Bárbara. Parientes de Carlos Roberto Reyes Ramírez, de 33 años de edad, denunciaron de forma pública que su ser querido fue asesinado con arma de fuego dentro de la propiedad de su empleador y, posteriormente, sepultado de forma expedita en un cementerio público sin la intervención de las autoridades judiciales competentes, lo que ha generado sospechas de un posible encubrimiento.
El hecho delictivo ocurrió durante horas de la noche en la referida localidad, donde la víctima laboraba desde hace algún tiempo. De acuerdo con los testimonios recabados por los afectados, el ciudadano fue introducido de urgencia en un ataúd y enterrado apenas unas horas después del crimen, evadiendo los protocolos forenses que establece la legislación penal hondureña para las muertes de carácter violento.
Denuncia ante el Conadeh, negligencia policial y sospechas del entorno familiar
Los familiares de la víctima se trasladaron desde el municipio de Choloma, Cortés, hasta la cabecera departamental de Santa Bárbara para comparecer formalmente ante las oficinas del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh). En su declaración, detallaron que tras enterarse del deceso viajaron a la morgue de San Pedro Sula esperando el ingreso del cadáver; sin embargo, al constatar que el cuerpo nunca llegó a Medicina Forense, procedieron a comunicarse directamente con el patrón de la víctima.
El empleador confirmó que el homicidio ocurrió dentro de su propiedad y justificó que el entierro apresurado fue una determinación tomada por su esposa, una ciudadana de nacionalidad mexicana, quien presuntamente costeó los gastos de la fosa y desapareció del sector con la documentación personal del fallecido. Los hermanos del occiso exigieron que se abra una línea de investigación prioritaria contra el entorno laboral y la cónyuge, señalando que es inaceptable que se haya privado al joven de un velatorio digno y de los análisis científicos para esclarecer el asesinato.
La polémica aumentó luego de que los denunciantes expusieran una supuesta irregularidad por parte de la Policía Nacional. Según manifestaron ante los defensores de derechos humanos, un oficial de apellido Mejía les sugirió vía telefónica que consiguieran un vehículo tipo paila para trasladarse a la aldea El Rodeo, donde los uniformados los acompañarían a desenterrar el cadáver por cuenta propia. Los parientes rechazaron la propuesta de los agentes por considerar que la manipulación de una fosa sin una orden judicial constituye un acto ilegal que contaminaría la escena y entorpecería la aplicación de la justicia.
Solicitan una orden fiscal obligatoria para realizar la autopsia médico-legal
Ante el evidente vacío en el procedimiento criminalístico, los apoderados legales y el personal del Conadeh elevaron un requerimiento urgente al Ministerio Público para que gestione ante los juzgados de letras una orden formal de exhumación cadavérica. El objetivo de la diligencia técnica es trasladar los restos de Carlos Roberto Reyes Ramírez hacia los laboratorios forenses para determinar de manera científica la causa y el mecanismo de muerte. La comunidad de San Luis se mantiene a la expectativa de las acciones que ejecuten la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y los fiscales de turno para capturar a los autores materiales del crimen, mientras la familia espera recuperar el cuerpo para trasladarlo a su natal Choloma y brindarle cristiana sepultura conforme a la ley.
