La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, cuestionó la respuesta del Estado hondureño frente a la crisis de sequía que afecta principalmente a comunidades del Corredor Seco y advirtió sobre las consecuencias que esta situación tiene para las familias campesinas y la seguridad alimentaria del país.
Los planteamientos fueron expuestos por Castellanos en su más reciente columna de opinión “Disculpen mi castellano”, titulada “Dios proveerá… ¿y el Estado cuándo?”, en la que reflexiona sobre las dificultades que enfrentan los productores agrícolas y la manera en que las instituciones públicas han abordado históricamente este problema.
En su análisis, la funcionaria sostiene que la pérdida de las cosechas no puede atribuirse exclusivamente a factores climáticos, sino que también debe abrir una discusión sobre las políticas públicas, la inversión estatal y las medidas de prevención implementadas para reducir la vulnerabilidad de las comunidades.
Castellanos señala una crisis que se ha prolongado durante décadas
Castellanos plantea que la problemática del Corredor Seco no es reciente y que la sequía ha dejado de ser un fenómeno excepcional para convertirse en una condición que mantiene en permanente vulnerabilidad a numerosas familias.
Según su análisis, cada ciclo agrícola representa una nueva incertidumbre para los productores que dependen principalmente de cultivos como maíz y frijol, debido a la falta de garantías de acceso al agua, asistencia técnica e infraestructura suficiente para enfrentar períodos prolongados de escasez.
La directora del CNA sostiene que la pérdida de una cosecha tiene consecuencias que van más allá de los indicadores económicos.
A su criterio, cuando una familia campesina pierde su producción, también enfrenta mayores dificultades para garantizar alimentos en el hogar, situación que puede profundizar la pobreza y la inseguridad alimentaria y contribuir a que algunas personas opten por migrar.
Cuestiona que la sequía se atribuya solo al cambio climático
Uno de los principales cuestionamientos planteados en la columna está relacionado con la explicación de la crisis exclusivamente a partir del cambio climático o de fenómenos como El Niño.
Castellanos reconoce que las condiciones climáticas han cambiado y que pueden intensificar los períodos de sequía, pero sostiene que la vulnerabilidad de las comunidades también está relacionada con las decisiones y acciones del Estado.
En ese sentido, cuestiona que la falta de lluvias sea utilizada como explicación suficiente para las pérdidas agrícolas y plantea la necesidad de analizar qué medidas se han tomado para preparar al país frente a escenarios de escasez que, según su planteamiento, son recurrentes.
La funcionaria también critica que las respuestas institucionales puedan concentrarse en transferencias condicionadas, mientras considera necesario fortalecer inversiones de largo plazo en infraestructura hídrica e investigación agrícola.
Seguridad alimentaria también impacta a las ciudades
Otro de los puntos abordados por Castellanos es la necesidad de ampliar el debate sobre la seguridad alimentaria.
La directora del CNA considera que la situación de los productores del campo no debería verse como un problema que afecta únicamente a las comunidades rurales, debido a que las pérdidas agrícolas pueden tener repercusiones en el abastecimiento, los precios de los alimentos y la economía de los hogares en todo el país.
Desde esa perspectiva, lo que sucede en el Corredor Seco también representa un desafío para las ciudades.
Castellanos plantea además una contradicción entre la pérdida de cultivos nacionales y la dependencia de granos importados, señalando que esta situación debería ser considerada dentro de la discusión sobre la soberanía alimentaria de Honduras.
Propone convertir la sequía en un problema estructural
En su columna, Castellanos plantea que la respuesta a la sequía debe superar el enfoque de emergencia temporal y convertirse en una política de largo plazo.
Entre las acciones que considera necesarias menciona la justicia hídrica, la reconversión de suelos, la protección de cuencas y una mayor atención presupuestaria a la soberanía alimentaria.
También cuestiona lo que describe como una falta de inversión suficiente para preparar al sector agrícola frente a períodos de estrés hídrico y temperaturas más elevadas.
La propuesta parte de la idea de que las instituciones deben anticiparse a los efectos de la sequía y no limitarse a intervenir cuando las familias ya han perdido sus cultivos.
“La tierra hondureña no está condenada a dejar de producir”
En la parte final de su reflexión, Castellanos sostiene que Honduras todavía tiene capacidad productiva, pero advierte que el problema radica en las condiciones bajo las cuales miles de campesinos intentan producir sus alimentos.
La directora del CNA considera que el país lleva décadas enfrentando una problemática conocida y cuestiona que cada nuevo período de sequía sea tratado como una situación inesperada.
Su planteamiento coloca nuevamente en el centro del debate la responsabilidad de las instituciones públicas en materia de agua, agricultura, seguridad alimentaria y planificación presupuestaria.
