La Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre recomendó hoy a las autoridades hondureños revisar la situación jurídica, el estado de salud y la accesibilidad universal en que se encuentran unas 575 personas con discapacidad, que están privadas de su libertad en 25 centros penitenciarios del país.
Explicó que la cifra podría ser mayor si se toma en cuenta que muchas personas privadas de libertad, con alguna discapacidad, no son reconocidos como tal.
La Defensora del Pueblo instó al Estado hondureño a cumplir las recomendaciones del Comité Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, en el sentido de proteger la garantía del debido proceso de las personas con discapacidad, proporcionando los apoyos que requieran durante los procesos judiciales.
Agregó que una de las preocupaciones del Comité, es que las personas declaradas inimputables por la comisión de un delito, en razón de una deficiencia, puedan ser objeto de detención indefinida.
El Comité también instó al Estado de Honduras que revise los casos de privados de libertad remitidos a los hospitales Santa Rosita y Mario Mendoza.
Las personas con discapacidad estarían cumpliendo un “doble castigo” en los centros de detención hondureños ya que, además de la pena que deben cumplir, se enfrentan a la inaccesibilidad tanto en la infraestructura de las edificaciones como las de información y comunicación, barreras que les impide una participación efectiva como lo hace el resto de los privados de libertad, lo que implica la vulneración de sus derechos.
93 % son hombres
Hasta ahora, el Instituto Nacional Penitenciario ha identificado 575 personas con discapacidad privadas de su libertad, de las cuales, 537 (93 %) son hombres y 38 (7 %) mujeres.
Al menos 200 personas tienen una discapacidad física o motora, de los cuales, 172 son hombres y 27 mujeres, lo que, dada las condiciones de los centros penales, les impide desplazarse de manera funcional.
En el informe se detalla que unos 55 hombres privados de libertad, tienen discapacidad sensorial, es decir, que son personas ciegas o sordas.
Además, 59 hombres y dos mujeres presentan discapacidad intelectual que, al presentar alteraciones en el desarrollo intelectual les interfiere en sus relaciones con las demás personas o su adaptación a diversas situaciones y entornos, que los ubica con mayor riesgo para que sus derechos sean vulnerados.
En lo que respecta a la discapacidad psicosocial fueron identificadas 257 personas privadas de libertad, de las cuales, 253 son hombres y 4 mujeres. Este tipo de discapacidad se caracteriza porque la persona presenta una alteración psicológica a causa de un trastorno mental y no cuenta con la atención médica requerida.
Discapacitados en todas las cárceles
Una de las preocupaciones del Conadeh es que, en todos los centros penitenciarios del país hay personas con discapacidad privadas de su libertad, sin embargo, hay tres que presentan el mayor número de casos.
En la Penitenciaría Nacional de Tamara fueron identificadas 179 personas con discapacidad, de los cuales, 55 tienen una discapacidad física o motora, 15 sensorial y 109 psíquica.
En el Centro Penal de Siria, localizado en El Porvenir, Francisco Morazán, están privados de su libertad 40 personas con discapacidad psíquica, 4 con discapacidad física, 3 con discapacidad sensorial y dos con discapacidad intelectual, para totalizar 49 personas.
Mientras que, en el Centro Penal de La Paz se encuentran privadas de libertad 48 personas con discapacidad, de estos, 36 tienen discapacidad intelectual, 9 psíquica, 2 sensorial y uno con discapacidad física.
La coordinadora de la Defensoría de Personas con Discapacidad del Conadeh, Betina Hernández, expresó que las personas con discapacidad, por ser grupos de atención prioritaria, no deberían estar en esos centros de privación de libertad ya que ese entorno no favorece su rehabilitación, inserción social y que esa medida debería ser adoptada como una última alternativa.
En su criterio es primordial crear mecanismos alternos a la prisión y protocolos adecuados para atender a las personas con discapacidad, ante la pena que deban cumplir.
La población penitenciaria, en Honduras, ronda las 20 mil personas, en un sistema penitenciario caracterizado por una crisis permanente al registrarse constantes riñas entre privados de libertad que derivan en lesiones y muertes, fugas, un alto grado de hacinamiento, una mora judicial que sobrepasa el 50% y la carencia de medios de rehabilitación.
La Unidad de Estadística del Conadeh, reveló que, desde el 2019 fueron registradas 1 mil 074 quejas presentadas por familiares y privados de libertad. Al menos, 300 fueron atendidas en los primeros cinco meses del 2022.
Entre las vulneraciones más denunciadas está la falta de atención de salud, abusos de autoridad, torturas, hostigamiento, malos tratos a familiares, retardo en la aplicación de la justicia, hacinamiento, enfrentamientos violentos e incluso la falta de servicios básicos.
