
Tegucigalpa.- La Comisión Liquidadora del actual gobierno ha iniciado una investigación exhaustiva sobre el programa “Mártires de la Resistencia”, tras detectar posibles anomalías en el desembolso de compensaciones económicas destinadas a familiares de las víctimas del golpe de Estado de 2009. El proceso busca transparentar el uso de los fondos públicos y verificar la legalidad de los expedientes.
Auditoría de fondos y beneficiarios
La revisión administrativa se enfoca en determinar si los millonarios pagos mensuales cuentan con el respaldo jurídico necesario o si han existido desviaciones en los criterios de asignación:
- Monto bajo la lupa: El programa eroga aproximadamente 350,000 lempiras mensuales por concepto de bono a los beneficiarios, lo que representa un impacto superior a los 18 millones de lempiras cada mes.
- Criterios de entrega: Uno de los puntos clave de la investigación es esclarecer si el beneficio se otorgaba de manera integral por familia o de forma individual por cada pariente, lo que podría haber inflado las cifras de desembolso.
- Verificación de expedientes: Se está auditando la ejecución de los pagos para confirmar que estos se realizaron bajo los lineamientos operativos establecidos originalmente por el programa.

Búsqueda de sustento legal
Las autoridades de la Comisión Liquidadora enfatizaron la necesidad de encontrar la base legal que justifica estas indemnizaciones a largo plazo:
- Resoluciones internacionales: La investigación busca confirmar si existe alguna resolución judicial, arbitral o de organismos internacionales de derechos humanos que haya sancionado al Estado de Honduras y lo obligue a realizar estos pagos.
- Marco normativo interno: Se revisará desde qué fecha se iniciaron los desembolsos y bajo qué resoluciones administrativas se autorizaron los fondos dentro del presupuesto nacional.
- Transparencia institucional: El objetivo final es asegurar que las indemnizaciones lleguen a quienes legítimamente corresponden según la ley, evitando cualquier tipo de discrecionalidad en el manejo de estos recursos.
Impacto en la administración actual
Este proceso de auditoría forma parte de una serie de revisiones que la Comisión Liquidadora realiza sobre programas heredados y actuales, con el fin de optimizar el gasto público. Los resultados de esta investigación serán fundamentales para decidir la continuidad del formato actual de pagos o si se requiere una reestructuración total de las compensaciones otorgadas a través de este programa de carácter social y político.



