
Tegucigalpa.- El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) lanzó una advertencia crítica sobre el proceso de selección de las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Según el organismo, existe un vacío de información debido a que la Comisión Especial del Congreso Nacional aún no ha publicado un manual o protocolo que detalle los criterios de evaluación y las puntuaciones que regirán el concurso.
Riesgo de “depuración discrecional”
El CNA señaló que la ausencia de reglas claras antes de la fase de entrevistas públicas pone en riesgo la legitimidad del proceso:
- Falta de protocolos: Hasta la fecha, no se han comunicado los parámetros técnicos para calificar la evaluación curricular, lo que podría derivar en una selección basada en la discrecionalidad y no en la idoneidad.
- Más que requisitos mínimos: El ente de sociedad civil enfatizó que la elección no debe limitarse a una simple verificación de documentos, sino a un análisis profundo de la capacidad de los aspirantes.
- Exigencia de publicidad: El organismo exige que las reglas del juego sean públicas y sustentables antes de definir quiénes avanzan en el proceso.

Propuesta de siete criterios objetivos
Ante este panorama, el CNA presentó un oficio formal a la Comisión Especial proponiendo la adopción de parámetros verificables para garantizar la independencia de los elegidos:
- Capacidad gerencial: Aptitud para dirigir instituciones en contextos de alta conflictividad.
- Integridad y probidad: Responsabilidad pública demostrada.
- Formación especializada: Conocimiento técnico profundo en materia electoral.
- Neutralidad e independencia: Autonomía de criterio frente a intereses político-partidarios.
- Gobernanza colegiada: Capacidad de diálogo para construir acuerdos técnicos.
- Ética profesional: Inexistencia de conflictos de interés o litigios contra el Estado.
El mérito sobre el compromiso político
El Consejo Nacional Anticorrupción reiteró que la legitimidad de los órganos electorales depende de que el mérito y la trayectoria prevalezcan sobre cualquier cuota de poder político. “La selección no puede quedar sujeta a discrecionalidad”, sentenció el organismo, subrayando que los vínculos o demandas previas contra el Estado son factores determinantes que podrían comprometer la actuación de los futuros funcionarios en la rectoría de la democracia hondureña.



