Tegucigalpa, Honduras – El Congreso Nacional (CN) aprobó una ley que establece la creación de un protocolo de atención para casos en riesgo de suicidio en centros educativos de Honduras.
Este nuevo decreto se enfoca en brindar asistencia prioritaria a jóvenes que presenten conductas suicidas, abarcando tanto el sector público como el privado en los niveles de educación primaria y secundaria.
Implementación del Protocolo
La ley establece que el protocolo incluirá cuatro etapas fundamentales: detección, atención, vinculación y seguimiento de los estudiantes en riesgo.
La Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud serán las entidades encargadas de desarrollar e implementar este protocolo.
Además, se contempla la formación de un comité para la prevención, atención e intervención en los centros educativos, así como la ejecución de campañas de prevención.
Compromiso Parlamentario
El diputado del Partido Nacional de Honduras, Ramón Fernando Carranza Discua, destacó la importancia de esta ley al señalar que los jóvenes en riesgo enfrentan desafíos y presiones que pueden resultar abrumadoras.
Carranza subrayó la responsabilidad de los parlamentarios en proporcionar las herramientas necesarias para apoyar a quienes luchan con problemas internos.
“La aprobación de este protocolo es una manifestación de nuestro compromiso colectivo con los estudiantes. Este documento no solo es una guía, es una promesa de que cada estudiante será escuchado, de que sus problemas no serán ignorados y que siempre habrá alguien dispuesto a tender una mano amiga en momentos de necesidad”, expresó Carranza.
Impacto y Futuro de la Ley
El diputado también señaló que el suicidio es una tragedia que deja cicatrices imborrables en las familias, comunidades y escuelas.
Con este protocolo, se busca crear un ambiente escolar donde cada alumno se sienta valorado, comprendido y apoyado.
“Implementaremos programas educativos que enseñen a los estudiantes sobre la importancia de la salud mental. Se facilitará el acceso a consejeros capacitados y se promoverá una cultura de empatía y auxilio mutuo”, agregó Carranza.
La elaboración de este protocolo es el resultado de la colaboración de numerosos expertos en salud mental, educadores y juntas de padres de familia que han trabajado incansablemente para ofrecer una solución efectiva a este problema creciente.
La implementación de esta ley marca un paso significativo hacia la creación de un entorno educativo más seguro y comprensivo, asegurando que los estudiantes en Honduras reciban el apoyo necesario para enfrentar sus desafíos emocionales y mentales.
