
Tegucigalpa.- Frente a un escenario internacional marcado por la volatilidad de los mercados energéticos y las tensiones geopolíticas, el directorio del Banco Central de Honduras (BCH) ha tomado la determinación de ajustar al alza la Tasa de Política Monetaria (TPM) en veinticinco puntos básicos, ubicándola en un porcentaje del seis por ciento. Esta decisión preventiva busca contener las presiones sobre el coste de la vida y blindar los fundamentos macroeconómicos del país ante los recientes choques de oferta derivados de factores climáticos y externos.
El análisis financiero elaborado por el organismo rector detalla que la inflación interanual experimentó un repunte al pasar del cuatro coma dos por ciento en el mes de enero al seis coma dos por ciento en agosto, situándose por encima del rango previsto. Dicho incremento ha estado impulsado fundamentalmente por el encarecimiento en los rubros de alimentos y energía, rubros cuya variación porcentual escaló drásticamente debido a las sequías asociadas al fenómeno de El Niño y a las alteraciones en las cadenas logísticas internacionales.

No obstante el panorama inflacionario, las autoridades monetarias destacaron la resiliencia que muestran los principales indicadores del aparato productivo nacional durante el presente ejercicio fiscal. Entre ellos sobresalen el crecimiento del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) en un cuatro coma cuatro por ciento al cierre de julio, la expansión del financiamiento bancario al sector privado y la solidez de las reservas internacionales netas, las cuales se sitúan en niveles históricos suficientes para respaldar meses de importaciones.
Con la implementación de estas medidas de calibración monetaria y cambiaria, la institución financiera procura anclar las expectativas de los agentes económicos y mitigar posibles efectos de segunda vuelta en los precios internos. El Consejo Directivo reiteró su vigilancia permanente sobre las variables financieras globales y locales, asegurando que se mantendrán las acciones necesarias para preservar el poder adquisitivo de los hogares hondureños.



