Tegucigalpa.- Un nuevo escándalo institucional remece los cimientos de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) tras hacerse pública una denuncia por presuntos delitos sexuales cometidos por un psicólogo adscrito a la dependencia. El señalamiento, difundido a través de medios de comunicación, expone la presunta vulneración sufrida por una ciudadana durante su proceso de atención, reviviendo cuestionamientos profundos sobre los mecanismos de fiscalización y los protocolos de salvaguarda que implementa el Estado para proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Ante la conmoción generada en la opinión pública, el Ministerio Público emitió un comunicado oficial detallando que existen registros de tres denuncias presentadas por la afectada desde principios de año. La fiscalía precisó que, a través del Módulo de Atención Integral Especializada (MAIE), se intentó avanzar en las diligencias investigativas; sin embargo, las autoridades señalaron que el proceso enfrentó tropiezos debido a la falta de continuidad y colaboración en las evaluaciones médico-forenses programadas.
Por su parte, las máximas autoridades de la SENAF salieron al paso de los cuestionamientos para desmarcarse de cualquier intento de encubrimiento institucional, asegurando que se abrirán las investigaciones internas necesarias para esclarecer los hechos con absoluta transparencia. La administración de la secretaría enfatizó que no se tolerarán conductas que atenten contra la integridad de quienes acuden en búsqueda de auxilio, comprometiéndose a colaborar estrechamente con los órganos persecutores del delito para deducir responsabilidades.
Este suceso coloca nuevamente bajo la lupa el funcionamiento interno de las entidades encargadas de velar por los derechos de la niñez y la adolescencia en Honduras, evidenciando la urgencia de fortalecer los controles de confianza del personal. Mientras las instancias judiciales continúan recabando indicios para definir el curso de la acción penal, diversos sectores sociales exigen reformas estructurales que garanticen espacios seguros y libres de violencia dentro de las instituciones públicas de asistencia.
