Tegucigalpa.- En respuesta a las demandas y presiones planteadas por los gremios del sector transporte, la administración gubernamental ha confirmado la apertura de un expediente orientando a ordenar el funcionamiento de las unidades que movilizan a la comunidad estudiantil de la máxima casa de estudios. El ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, detalló que la medida persigue someter los convenios vigentes a los lineamientos legales establecidos para garantizar la equidad operativa en el sistema vial del país.
Las autoridades del ramo aclararon que la directriz oficial no busca coartar el beneficio del que disfrutan los matriculados en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), sino exigir que la prestación de esta asistencia colectiva cumpla rigurosamente con los permisos formales. Según enfatizó el alto funcionario, cualquier esquema de traslado subvencionado o institucional debe quedar bajo la supervisión directa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), equiparándolo con los parámetros que norman al resto de las entidades públicas y privadas.
La intervención estatal se produce en un momento de tensión gremial donde los transportistas tradicionales han cuestionado la operación de flotas destinadas a sectores específicos sin el debido registro operativo. Con este paso, el Poder Ejecutivo pretende conciliar el derecho de los educandos a recibir facilidades de locomoción con la necesidad de mantener un ordenamiento transparente que evite distorsiones en la competencia del mercado de transporte terrestre.
El proceso de fiscalización anunciado marcará un precedente en la supervisión de los servicios de movilidad financiados o respaldados por instituciones estatales en el territorio hondureño. Mientras las dependencias competentes afinan los detalles jurídicos para la regularización contractual, la expectativa se centra en cómo la administración universitaria y los operadores del transporte acatarán los nuevos requerimientos normativos.
