Tegucigalpa, Honduras – La presidenta Xiomara Castro ha sancionado y oficializado el decreto que prohíbe el cobro de servicios de telefonía móvil, fija e internet en dólares, estableciendo que estos pagos deberán realizarse exclusivamente en lempiras.
Esta medida fue confirmada por el jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña.
“Muchas gracias, Señora Presidenta @XiomaraCastroZ por la sanción y publicación del decreto de ley que prohíbe el cobro en dólares para los servicios de telecomunicaciones”, expresó Umaña a través de su cuenta en X.
Este decreto es producto de una reforma a la Ley de Protección al Consumidor, que fue aprobada por el Congreso Nacional el pasado 7 de agosto.
La modificación estipula que los contratos para servicios como telefonía móvil, fija, televisión por cable e internet deben ser firmados y pagados en moneda nacional.
Entre las ventajas que destacó Umaña, figura el hecho de que los proveedores de telefonía móvil no podrán establecer contratos con una duración superior a seis meses.
Además, los consumidores tendrán el derecho de cancelar su contrato si experimentan un mal servicio, pagando únicamente por el tiempo que han utilizado el servicio y no por el contrato completo.
Otro punto clave del decreto es que las empresas de telecomunicaciones no podrán reportar a los usuarios a la Central de Riesgo Crediticia por incumplimientos de pago.
Asimismo, en casos donde los servicios ofrecidos sean defectuosos, las empresas deberán hacer ajustes y no podrán cobrar la totalidad de la mensualidad si el servicio no ha sido proporcionado de manera adecuada.
“Si hay una falla atribuible al proveedor, deberán hacer los ajustes necesarios y no podrán cobrar la totalidad de la mensualidad”, reiteró el congresista Umaña.
Este decreto protege a los consumidores de posibles incrementos en las tarifas debido a las fluctuaciones en el tipo de cambio, ya que ahora el pago será fijo y en lempiras.
Además, aquellas empresas de telecomunicaciones que continúen realizando cobros en dólares podrán ser denunciadas y sancionadas por la Dirección General de Protección al Consumidor, reforzando el cumplimiento de esta nueva normativa.