Tegucigalpa.- Con la reciente entrada en vigor de la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final, publicada en La Gaceta No. 37,184, Honduras da un paso determinante en la modernización de sus mecanismos de fiscalización. La normativa, derivada del Decreto Legislativo No. 127-2026, faculta a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) para la creación, administración y supervisión del Registro Centralizado de Beneficiarios Finales (RCBF), una herramienta técnica diseñada para identificar a los verdaderos controladores de las estructuras jurídicas que operan en el país.
El alcance de este registro es fundamental para el cumplimiento de los estándares exigidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Al obligar a la revelación de quiénes ejercen el control efectivo de las sociedades, el Estado hondureño busca cerrar espacios que históricamente han sido utilizados para el ocultamiento de recursos de procedencia ilícita. De esta manera, se robustece la capacidad institucional para detectar y perseguir delitos complejos como el lavado de activos, la corrupción, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
La implementación de este sistema representa también una señal de confianza para el sistema económico nacional e internacional, al promover una cultura de rendición de cuentas que es esencial para el clima de inversión. Al establecer reglas claras sobre quiénes son los beneficiarios finales, se fomenta una mayor integridad en el mercado, protegiendo tanto a los actores económicos legítimos como a la estabilidad del sector bancario frente a las vulnerabilidades que presentan las estructuras opacas.
Detalles clave sobre la aplicación y reglamentación
Para asegurar una ejecución efectiva, el marco legal establece plazos y condiciones precisas para la transición operativa:
- Plazo de reglamentación: La CNBS cuenta con un periodo de 60 días hábiles para emitir el reglamento operativo, el cual definirá los formularios de inscripción, los procedimientos de suministro de información y las directrices administrativas necesarias.
- Seguridad de la información: La ley impone estándares rigurosos de confidencialidad y trazabilidad. El acceso al RCBF será restringido exclusivamente a las autoridades competentes, quienes deberán cumplir con sus funciones legales bajo estrictas políticas de protección de datos.
- Infraestructura tecnológica: Paralelo a la creación del reglamento, la Comisión desarrollará la plataforma digital necesaria para el registro. Una vez finalizada, se notificará oficialmente a las personas jurídicas y estructuras legales obligadas para que procedan con su inscripción formal.
- Impacto internacional: Con este sistema, Honduras se alinea con las mejores prácticas globales en materia de transparencia financiera, aumentando su efectividad en la prevención de delitos graves y mejorando el entorno de seguridad jurídica para el sector empresarial.
