El Juzgado de Privación de Dominio ordenó la devolución de 80 vehículos que habían sido vinculados al excomisionado de policía Jorge Alberto Barralaga Hernández y miembros de su entorno familiar, informó este viernes la defensa legal del exfuncionario.
La resolución judicial fue confirmada por el abogado Andrés Wilfredo Urtecho Jeamborde, quien explicó que la decisión establece el retorno de los automotores que permanecían bajo medidas de aseguramiento dentro de los procesos relacionados con la denominada “Operación Perseo”.
Según detalló el profesional del derecho, no todos los vehículos pertenecen directamente a Jorge Barralaga, ya que varios de ellos corresponden a personas que mantenían vínculos comerciales o negocios con el excomisionado.
Defensa cuestiona investigaciones del Ministerio Público
Tras conocerse la resolución, la defensa legal cuestionó las actuaciones realizadas por el Ministerio Público durante las investigaciones patrimoniales desarrolladas en contra del exfuncionario policial.
Urtecho calificó como “vergonzoso” que, a su criterio, la Fiscalía relacionara automáticamente cualquier operativo ejecutado bajo la Operación Perseo con Jorge Barralaga.
El abogado sostuvo que durante las acciones realizadas por las autoridades se decomisaron bienes y se efectuaron capturas de personas que, según afirmó, no mantenían relación alguna con su representado.
Asimismo, aseguró que durante el proceso se creó una percepción pública que vinculaba múltiples aseguramientos y casos judiciales al excomisionado sin contar, presuntamente, con suficientes elementos probatorios.
Operación Perseo marcó investigaciones patrimoniales
La Operación Perseo fue uno de los operativos impulsados por las autoridades hondureñas en años anteriores para investigar supuestos delitos relacionados con lavado de activos, enriquecimiento ilícito y estructuras criminales vinculadas a exfuncionarios y miembros de cuerpos de seguridad.
En ese contexto, Jorge Barralaga Hernández fue objeto de investigaciones patrimoniales por parte del Ministerio Público y otras instituciones del sistema de justicia hondureño.
Las medidas de aseguramiento incluyeron propiedades, vehículos y otros bienes que quedaron bajo análisis mientras avanzaban los procesos judiciales correspondientes.
