“El Estado de Honduras está obligado a respetar, proteger y satisfacer los derechos laborales de sus empleados, absteniéndose de interferir directa o indirectamente”, expresó el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) tras emitir una alerta temprana ante la crisis en el Ministerio Público.
En su pronunciamiento ante la crisis institucional en el Ministerio Público, el Conadeh detalló que reconoce la legalidad de las exigencias de los fiscales y empleados administrativos del MP en busca de condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo.
Las alertas tempranas tienen una naturaleza preventiva y humanitaria y son emitidas con el objetivo de impulsar acciones de prevención desde una perspectiva humanitaria, de derechos humanos y con un enfoque de seguridad humana.
“El Conadeh reivindica ampliamente el deber estatal de prevención como una de las principales herramientas para el mejoramiento de las condiciones materiales, jurídicas, políticas y sociales en las que deberían tener lugar el ejercicio y desarrollo pleno de los derechos fundamentales de la sociedad hondureña”, cita el comunicado.
El comisionado ha procurado acompañar de manera diligente los procesos de diálogo e incidencia que se han emprendido para encontrar una solución oportuna al conflicto, desde el pasado 7 de febrero que la Asociación de Fiscales y Empleados del Ministerio Público solicitó su acompañamiento.
Según registra el Conadeh, el pasado 10 de marzo, se realizó una petición formal dirigida a la mandataria Xiomara Castro de Zelaya donde el personal del MP solicita el aumento salarial por costo de vida de un 15% (un 5% correspondiente al año 2021 y un 10% del presente año), así como un aumento salarial por el desempeño de sus funciones, equivalente a un 10%.
Las estimaciones de la Asociación de Fiscales señalan que se requiere una adición de 582 millones de lempiras para cumplir con dichas exigencias.
“Es menester mencionar que la situación objeto de esta Alerta no se trata de una cuestión de reciente data, sino que se remonta a una desatención institucional histórica”, destaca el documento.
Preocupación
El Conadeh manifiesta su preocupación debido a que la paralización de la labor del Ministerio Público ha implicado la inactivación de atribuciones fundamentales como lo son los procesos de levantamiento cadavérico, autopsias, pericias y demás acciones relacionadas con la protección y el correcto cumplimiento del deber de investigar los hechos criminales.
“Resulta particularmente preocupante que exista una paralización de este tipo de atribuciones de investigación y persecución criminal en el marco de la implementación de un Estado de Excepción, toda vez que esta suspensión de garantías construiría un escenario de actuación y de aplicación del derecho penal que podría sustraerse de una vigilancia estricta de las salvaguardas procesales de las personas, especialmente de aquellas que hubieren sido detenidas en flagrancia”, cita el documento.
Recomendaciones
En ese sentido, el Conadeh considera primordial recordar que el artículo 232 de la Constitución de la República establece que el Ministerio Público es el “organismo profesional especializado, responsable de la representación, defensa y protección de los intereses de la sociedad, independiente funcionalmente de los poderes del Estado y libre de toda injerencia político-sectaria.
La alerta temprana es acompañada de una serie de recomendaciones hacia la Secretaría de Finanzas para que evalúe “de la manera más inmediata las formas por medio de las que podría determinarse una modificación presupuestaria” para cumplir con el ajuste a los empleados en paro.
Mientras que a las autoridades del MP pide abstenerse de realizar acciones de represalias de cualquier tipo en contra de las personas que han hecho ejercicio legítimo de su derecho a la protesta.
Y al Congreso Nacional, “resolver favorablemente sobre la modificación del Presupuesto General de conformidad con lo establecido en el numeral 32 del artículo 205 de la Constitución de la República”.
