Esta nueva ley permite suprimir instituciones, reducir personal y ajustar el gasto público.
Tegucigalpa. El Congreso Nacional aprobó la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano el martes por la noche. Esta normativa declara de interés nacional el control del gasto público. La ley establece medidas fiscales y financieras extraordinarias para ayudar a las finanzas del Estado.
El objetivo de la ley es recuperar el equilibrio fiscal y fomentar el crecimiento económico. También busca el desarrollo humano y la estabilidad macroeconómica. La ley pretende fortalecer las instituciones estatales.
El artículo 3 permite al Poder Ejecutivo eliminar o fusionar instituciones públicas. Estas medidas afectan a la administración centralizada y desconcentrada. El Gobierno puede reducir servicios o personal por razones de presupuesto. También puede recortar empleados para mejorar la eficiencia administrativa. Estas medidas aplican a empleados con nombramiento y por contrato.
La ley garantiza el pago de las indemnizaciones legales. El pago depende de la disponibilidad de dinero en el presupuesto. El pago termina la obligación del Estado con el trabajador ante los tribunales. Si el empleado rechaza el dinero, el Estado lo entregará a una autoridad correspondiente. Esto evita que la deuda estatal aumente con el tiempo.
Plan de liquidación que plantea el estado
Las instituciones descentralizadas y las municipalidades pueden usar estas mismas reglas. La ley menciona al personal que ganó plazas por concurso. Esto incluye a maestros, médicos, enfermeras, policías y fiscales. También incluye a los trabajadores contratados durante la pandemia de covid-19.
El artículo 4 regula los pagos por sentencias judiciales contra el Estado. Las órdenes de embargo deben notificarse a la Tesorería General de la República y a la institución afectada. Los pagos dependen de si hay dinero disponible en el presupuesto. Estos pagos no pueden quitar fondos a los salarios ni a la deuda pública. Tampoco pueden afectar los gastos operativos de las instituciones.
La Secretaría de Finanzas debe tramitar reformas presupuestarias para cumplir las sentencias. El plazo es de tres meses para el Presupuesto General. El plazo es de un mes para los presupuestos de cada institución. Un juzgado puede obligar al pago si pasan 12 meses sin ejecutarse. Las deudas generarán intereses legales según el Código Civil.
Los jefes de las instituciones públicas revisarán actos y contratos anteriores a esta ley. Revisarán nombramientos, despidos, concursos y contratos de obras o servicios. También analizarán concesiones y licencias. Las autoridades pueden anular o modificar estos contratos si no cumplen la ley. También pueden cancelarlos si no tenían respaldo presupuestario.
La Secretaría de Finanzas puede mover fondos entre gasto corriente y gasto de capital. Estos movimientos requieren la aprobación previa del Congreso Nacional. Finalmente, las entidades públicas pueden firmar convenios con el Tribunal Superior de Cuentas. Estos acuerdos sirven para realizar auditorías antes, durante o después de los procesos.
