En los últimos meses, las estructuras criminales han recrudecido el cobro de extorsión en diferentes sectores de Honduras, siendo los más afectados transportistas y comerciantes, por lo que la Policía Nacional aseguró que le sigue la pista a estas bandas organizadas.
A diario son decenas de hondureños que interponen denuncias sobre las amenazas que reciben por parte de las diferentes bandas dedicadas a la extorsión en el país.
Para el caso, en las últimas horas trascendieron varios audios enviados por WhatsApp por un presunto extorsionador. En el mismo, el criminal le pide a la víctima una “colaboración” de 30.000 lempiras.
“Lo que queremos de parte del taller es que nos ayuden con 30 mil lempiras. Aquí vos solo vas a pagar una sola vez, solamente queremos que colabores pacíficamente“, dice el presunto extorsionador en el audio.
En otro audio, el mismo criminal amenaza a la víctima, asegurándole que se va a lamentar toda su vida por no haber entregado la cantidad de dinero sugerida.
“Te vas a lamentar toda tu vida, te voy a mandar cualquier cantidad de motos y carros para que mires que no jugamos. Hemos matado cualquier cantidad de gente, oíste, ponete vivo antes que te matemos“, manifiesta el extorsionador.
Posteriormente, el individuo le mandó un video a la víctima mostrando una arma de fuego tipo pistola, al tiempo que descargaba las municiones manualmente.
La Mara Salvatrucha (MS-13) y la Pandilla Barrio 18 son las principales responsables de este flagelo en la nación centroamericana. Todos los días la Dirección Policial Anti Maras y Padillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) capturas a presuntos extorsionadores miembros activos de estas organizaciones criminales.
Ante ello, unidades de inteligencia policial realizan una serie de investigaciones orientadas a desarticular bandas de extorsionadores que operan a nivel nacional, según reveló a tunota.com el jefe de la Unidad de Comunicación Estratégica de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Cristian Nolasco.
“Hay un plan estratégico para hacerle frente a estas estructuras criminales que intimidan a la población con el delito de extorsión. Muestra de ello es que a diario se están capturando a presuntos extorsionadores integrantes de maras y pandillas”, indicó Nolasco.
Investigación
El portavoz de la DPI reconoció que en la actualidad se ha incrementado este delito, sin embargo, señaló que como dependencia de la Policía Nacional realizan su función de investigar este tipo de audios y videos.
Además, detalló que el análisis de las amenazas por audios, llamadas o videos las ejecutan a través del método de fonética forense. Esto, para detectar el tipo de voz, desde donde salió la llamada o el audio y por cuantos teléfonos anduvo circulando el mensaje.
Agregó que siguen la pista de los últimos casos de extorsión contra el sector del transporte público, el cual se ha visto afectado con la muerte de conductores, ayudantes y la quema de unidades.
Sin embargo, apuntó que, como DPI investigan si en algunos casos los conductores o dueños de las unidades de transporte están vinculados con los presuntos extorsionadores.
“Recuerde que el transporte público también ha estado en confrontaciones y muchos de ellos están participando en la extorsión. En otros casos, los atentados contra estos sectores se dan porque los conductores de las unidades tienen problemas personales con algunas estructuras criminales”, precisó Nolasco.
Dato
De acuerdo con lo informado por las autoridades de la DIPAMPCO, en lo que va del presente año ejecutaron más de 500 capturas por el delito de la extorsión, esto gracias a la denuncia de la población (a la línea 143) y posterior trabajo en manos de las autoridades.
Por su parte, un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) reveló recientemente que al menos, 13 de los 18 departamentos del país han sido escenario de actos de extorsión.
Además, que alrededor del 79 % de las denuncias atendidas por el Conadeh fueron registradas en los departamentos de Francisco Morazán (56 %) y Cortés con el (23 %), es decir, 8 de cada 10 casos denunciados ocurrieron en esos dos departamentos.
Entre enero y septiembre, alrededor de 150 denuncias relacionadas a casos de extorsión y desplazamiento forzado, fueron presentadas por las víctimas ante esa oficina.
