El Gobierno de Estados Unidos expresó su respaldo a la decisión de Honduras de declarar como organizaciones terroristas a la Mara Salvatrucha (MS-13), la Pandilla 18 y el Cártel del Diablo, estructuras que fueron incluidas en esta categoría por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).
El pronunciamiento fue realizado este viernes por Juan Pablo Segura, secretario adjunto de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, quien destacó la decisión de las autoridades hondureñas mediante una publicación en sus redes sociales.
“Felicitamos a las autoridades de Honduras por declarar a Mara Salvatrucha (MS-13), la Pandilla de la Calle 18 y el Cártel del Diablo como organizaciones terroristas extranjeras”, escribió Segura.
EE. UU. destaca cooperación con Honduras
En su mensaje, el funcionario estadounidense sostuvo que estas estructuras representan, según la posición del Gobierno de Estados Unidos, una amenaza para la seguridad de la región.
Segura señaló que la declaratoria permitirá fortalecer la respuesta de Honduras frente a actividades vinculadas con el tráfico de drogas y el financiamiento de organizaciones criminales.
También afirmó que la medida contribuirá a los esfuerzos conjuntos entre ambos países en materia de seguridad y protección fronteriza.
“Esta histórica designación fortalecerá la capacidad de respuesta de Honduras al tráfico de drogas, ayudará a combatir el financiamiento criminal e impulsará significativamente los esfuerzos conjuntos para proteger nuestras fronteras”, manifestó.
El pronunciamiento llega pocos días después de que Honduras oficializara la inclusión de las tres estructuras criminales dentro de la categoría de organizaciones terroristas.
Honduras declaró terroristas a tres estructuras criminales
El CNDS declaró el 18 de septiembre como organizaciones terroristas a la MS-13, la Pandilla 18 y el Cártel del Diablo. La decisión se produjo después de reformas al Código Penal que facultaron al máximo órgano de seguridad del país para realizar este tipo de declaratorias bajo determinados criterios.
La decisión abrió paso a nuevas acciones de seguridad y a reformas relacionadas con el sistema penitenciario.
Entre las medidas aprobadas posteriormente por el Congreso Nacional se contempla un régimen especial para personas vinculadas con organizaciones declaradas terroristas, incluyendo su traslado a módulos de alta o máxima seguridad y restricciones en materia de visitas y comunicaciones.
Las reformas también establecen controles especiales sobre las comunicaciones desde los centros penitenciarios, en un intento de evitar que se utilicen las cárceles para coordinar actividades delictivas.
