La emisión de licencias de conducir en Honduras podría experimentar cambios en su funcionamiento si se concreta una propuesta de la Secretaría de Seguridad para trasladar el proceso administrativo a una empresa privada.
El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, anunció que presentará la iniciativa ante el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), con la intención de modificar el mecanismo mediante el cual se tramitan y emiten estos documentos.
La propuesta busca resolver los retrasos que han surgido en la adquisición de materiales para fabricar las licencias y permitir que unos 500 agentes policiales que actualmente desempeñan labores administrativas puedan regresar a funciones operativas.
Aunque el planteamiento todavía debe ser presentado ante el organismo correspondiente, abre la posibilidad de un nuevo modelo para obtener el permiso de conducir en el país.
¿En qué consiste la tercerización de las licencias de conducir?
La iniciativa contempla que una empresa privada se encargue de gestionar el proceso administrativo relacionado con la emisión de las licencias de conducir, mientras el Estado mantendría el control de la información de los conductores.
Según explicó Velásquez, la compañía contratada asumiría la prestación de ese servicio y el Estado recibiría un pago por cada documento emitido.
El funcionario señaló que este esquema ya funciona en otros países de la región, entre ellos El Salvador y Panamá, que fueron mencionados como referencias para evaluar su posible aplicación en Honduras.
La propuesta no significa que la Policía Nacional dejaría de intervenir en materia de tránsito. De acuerdo con el ministro, la institución conservaría las responsabilidades operativas, entre ellas la aplicación de sanciones e infracciones.
¿Por qué quieren tercerizar la emisión de licencias en Honduras?
Uno de los principales argumentos de Seguridad está relacionado con las dificultades que enfrenta el Estado para adquirir oportunamente los materiales necesarios para elaborar las licencias.
Velásquez calificó como complicados los procesos de licitación pública, debido a que las empresas que participan y no resultan favorecidas pueden presentar impugnaciones que retrasan las adjudicaciones.
La fabricación de estos documentos requiere insumos y equipos especializados, entre ellos dispositivos de seguridad, hologramas, microchips e impresoras específicas.
Estos inconvenientes han provocado atrasos en la disponibilidad de los documentos físicos y han obligado a las autoridades a implementar medidas temporales para atender a los conductores.
El ministro considera que trasladar la gestión administrativa a una empresa privada permitiría evitar que los procedimientos de contratación pública sigan afectando la continuidad del servicio. Proceso Digital+2
Unos 500 policías podrían regresar a labores operativas
Otro de los objetivos de la propuesta es liberar a aproximadamente 500 agentes que actualmente están asignados a tareas administrativas relacionadas con la emisión de licencias y el cobro de infracciones en las oficinas de Tránsito.
Velásquez considera que estos funcionarios deberían estar desempeñando labores de vigilancia y seguridad en las calles, en lugar de permanecer en instalaciones administrativas.
El ministro también mencionó los gastos que representa mantener el servicio bajo el esquema actual, entre ellos el consumo de energía eléctrica y el mantenimiento de los espacios donde se realizan los trámites.
Con la eventual contratación de una empresa privada, Seguridad pretende reducir esas responsabilidades administrativas y disponer de más personal policial para atender las necesidades de seguridad ciudadana.
¿La licencia de conducir será más cara?
Uno de los aspectos que genera interrogantes es si la contratación de una empresa privada provocaría un aumento en el precio que pagan los ciudadanos por obtener o renovar su licencia.
Sobre este punto, el ministro reconoció que el nuevo modelo podría representar un costo mayor, aunque defendió que sería más eficiente que el sistema actual.
Velásquez argumentó que el Estado también incurre en gastos al mantener policías asignados a estas actividades, además de cubrir los costos de funcionamiento de las oficinas.
Sin embargo, todavía no se ha establecido cuánto costaría el servicio bajo el esquema de tercerización ni si habría cambios en las tarifas para los conductores.
¿Cuándo podría comenzar la tercerización de licencias?
La intención de la Secretaría de Seguridad es que el nuevo mecanismo pueda implementarse durante 2027.
Para avanzar, el ministro deberá presentar la propuesta ante el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, donde se analizará el planteamiento de contratar a una compañía privada para asumir la emisión de los documentos.
Por ahora, no se ha anunciado qué empresa podría encargarse del servicio, cuáles serían los requisitos de contratación ni cómo se organizaría el procedimiento para los usuarios.
Por tanto, la tercerización todavía no representa un cambio vigente en los trámites de licencias de conducir en Honduras. ¿Qué pasará con la Policía Nacional y los trámites de Tránsito?
De acuerdo con lo explicado por Gerzon Velásquez, la Policía Nacional conservará las funciones relacionadas con el control del tránsito y la aplicación de sanciones a los conductores que incumplan la normativa.
La modificación estaría enfocada en el componente administrativo de emisión de licencias, que pasaría a ser responsabilidad de la empresa contratada.
Esto significa que las labores policiales de vigilancia, control vial y aplicación de infracciones continuarían bajo responsabilidad de las autoridades hondureñas.
¿Qué deben saber los conductores?
Mientras se analiza la propuesta, los ciudadanos deberán continuar realizando sus gestiones conforme a los procedimientos que mantiene habilitados la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).
La eventual tercerización busca modificar la administración del servicio, pero todavía no se han comunicado cambios concretos sobre los requisitos, los costos o los pasos para solicitar una licencia por primera vez o renovarla.
