La reestructuración de la administración pública en Honduras continúa avanzando y ya deja más de 2,200 empleados públicos despedidos, según informó Leonel Núñez, integrante de la Comisión Técnica Liquidadora.
El proceso, que contempla la eliminación de instituciones y la reorganización de dependencias estatales, también podría dar paso a nuevas fusiones o adscripciones de entidades a otras secretarías, con el objetivo de evitar la duplicidad de funciones y reducir los gastos del Gobierno.
Entre las propuestas que se encuentran bajo análisis figura la posibilidad de integrar la Secretaría de la Mujer a la Secretaría de Derechos Humanos, así como revisar la estructura del sector turismo.
Comisión Liquidadora confirma más de 2,200 despidos en el sector público
Leonel Núñez detalló que la Comisión Técnica Liquidadora ha ejecutado más de 2,200 despidos como parte del proceso de reducción del aparato estatal.
El funcionario también señaló que el pago de las prestaciones laborales representa una parte importante de las obligaciones asumidas durante la supresión de instituciones.
Como ejemplo, mencionó el caso de la Secretaría de Planificación Estratégica, donde se han destinado más de 160 millones de lempiras para cubrir las prestaciones de los trabajadores desvinculados.
La eliminación de esta dependencia afectó a más de 700 exempleados, mientras que 153 personas presentaron acciones contencioso-administrativas relacionadas con el proceso.
¿Qué instituciones podrían fusionarse o ser adscritas a otras secretarías?
La Comisión Técnica Liquidadora también revisa la estructura de otras dependencias estatales para determinar si sus funciones pueden ser asumidas por instituciones que ya forman parte del Poder Ejecutivo.
Entre las propuestas mencionadas por Núñez se encuentra la posible integración de la Secretaría de la Mujer a la Secretaría de Derechos Humanos.
Asimismo, planteó que se debe revisar la relación entre la Secretaría de Turismo y el Instituto Hondureño de Turismo (IHT), al considerar que ambas entidades podrían tener atribuciones similares.
Según el funcionario, una de las dos instituciones debería cerrarse si se confirma que existe duplicidad de funciones.
Estas propuestas forman parte de una evaluación administrativa y, de acuerdo con lo informado, todavía están sujetas a análisis.
Instituciones eliminadas durante la reestructuración del Estado
La reducción del aparato gubernamental ha implicado la supresión de varias dependencias mediante decretos del Poder Ejecutivo.
Entre las instituciones y programas que figuran en este proceso se encuentran:
- Secretaría de Planificación Estratégica.
- Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
- Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos.
- Programa de la Red Solidaria.
- Programa de Vivienda y Asentamientos Humanos.
La liquidación de estas estructuras ha requerido revisar expedientes laborales, obligaciones financieras, convenios y otros compromisos administrativos.
El propósito de esta reorganización es reducir el tamaño de la administración pública y evitar que distintas dependencias mantengan responsabilidades similares.
Comisión remite expedientes con posibles irregularidades a organismos de investigación
Además de ejecutar los despidos y gestionar el pago de prestaciones, la Comisión Técnica Liquidadora ha comenzado a entregar documentación sobre posibles irregularidades detectadas durante la revisión de las instituciones suprimidas.
Núñez explicó que los expedientes incluyen información relacionada con convenios presupuestarios y procesos de contratación de personal.
El funcionario indicó que los organismos de fiscalización y persecución penal han solicitado documentación sobre determinadas personas y acuerdos, y que la comisión ha atendido esos requerimientos.
También señaló que los hallazgos podrían tener diferentes consecuencias, dependiendo de su naturaleza: algunos podrían representar faltas administrativas sujetas a reparos del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), mientras que otros podrían constituir hechos con relevancia penal.
¿Qué delitos podrían investigarse tras la revisión de las instituciones?
De acuerdo con las declaraciones de Núñez, entre las posibles figuras delictivas que podrían ser examinadas por las autoridades están la administración fraudulenta, apropiación indebida, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y encubrimiento en el manejo de fondos públicos.
Sin embargo, aclaró que la existencia de documentos o registros administrativos no es suficiente para demostrar que se cometió un delito.
Por ello, las investigaciones podrían requerir análisis financieros, revisión de cuentas bancarias y verificación de bienes inmuebles, incluso cuando estos se encuentren a nombre de familiares de las personas investigadas.
El integrante de la comisión enfatizó que corresponde a las autoridades competentes desarrollar las diligencias necesarias para determinar si existe alguna responsabilidad.
Hasta el momento, los señalamientos mencionados forman parte de posibles hallazgos y no representan, por sí mismos, una declaración de culpabilidad contra personas específicas.
Despidos no responden a afiliación política, según la Comisión
Otro de los puntos abordados por Núñez fue el criterio utilizado para determinar la salida de los empleados públicos.
Según explicó, las desvinculaciones obedecen a la eliminación de las estructuras jurídicas de las instituciones y no a la afiliación política de los trabajadores.
En ese sentido, sostuvo que entre las personas despedidas hay empleados que pertenecen a diferentes partidos políticos.
La Comisión Técnica Liquidadora mantiene las labores de revisión y cierre administrativo de las dependencias suprimidas, mientras continúa el análisis de posibles cambios en otras instituciones del Estado.
