Pese a los avances registrados en los últimos años en disminución y judicialización de casos de homicidios, el sistema de seguridad y justicia de Honduras requiere fortalecer la capacidad de investigación, la cooperación interinstitucional y la prevención de la violencia, señalaron funcionarios y expertos en la presentación del informe “Homicidios e impunidad 2020-2021 + 2022”, realizada por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
El evento contó con la participación de: Roberto Andino, jefe de la Fiscalía de Delitos contra la Vida del Ministerio Público; Dilcia González, magistrada presidenta de la Corte de Apelaciones de lo Penal, y Gonzalo Sánchez, abogado y criminólogo; por ASJ, disertaron: Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia, y Jaime Martínez, coordinador de Gestión Fiscal.
La ASJ presentó, ante representantes de instituciones públicas y estudiantes de Derecho de cuatro universidades del país, los resultados del análisis realizado a las estadísticas de homicidios, judicialización y resolución de casos, así como efectividad del sistema, basadas en datos del Sistema Estadístico Policial en Línea, Juzgados y tribunales de justicia, y datos poblacionales del Banco Central de Honduras.
Los datos revelan que, en 2020, la tasa de homicidios fue de 38.9 por cada 100 mil habitantes; en 2021, 41.2 y en 2022, 35.8. En cuanto al índice de impunidad en homicidios, la cifra disminuyó de 94.8 % en 2020 a 89.9 % en 2021 y 87 % en 2022.
Pese a estos avances, las cifras siguen siendo altas. Honduras permanece como el segundo país más violento de Latinoamérica, superado solo por Venezuela. A nivel centroamericano, la tasa de homicidios de Honduras para 2022 fue el doble de la de Guatemala y el cuádruple de la de El Salvador.
Ante el panorama, la ASJ recomendó fortalecer a la Policía Nacional con las herramientas y formación adecuadas para la investigación criminal, así como incrementar la especialización de las unidades encargadas de la investigación de homicidios y mejorar el intercambio de datos entre dichas unidades.
“Si usted tiene instituciones pobres que combaten el delito , pues va a tener resultados pobres, disminuidos y achicados. Por ahí tenemos que empezar, por robustecer las instituciones”, apuntó Roberto Andino, coordinador de la Fiscalía de Delitos contra la Vida.
De igual forma, los expertos recalcaron en la necesidad de un plan estratégico para hacer frente a la criminalidad. “Se requiere voluntad política del Estado en combatir frontalmente estas estructuras criminales. No podemos estar con paños tibios, hay que comenzar una política puntual. Si logramos frenar a las estructuras criminales, narcotráfico y pandillas, los índices de criminalidad en este país van a bajar”, señaló Gonzalo Sánchez, criminólogo.
Por su parte, Dilcia González, presidenta de la Corte de Apelaciones Penal con Competencia Nacional en Extorsión, insistió en la necesidad de fortalecer la prevención del delito. “Nuestros jóvenes están en la calle, con una hipersensibilidad al mundo y cuando menos lo esperemos, esa realidad nos va a reventar en la cara y eso no es culpa de los derechos humanos, es culpa nuestra porque estamos priorizando otras cosas. No podemos estar todo el tiempo en emergencia”, expresó.
El informe “Homicidios e impunidad 2020-2021 + 2022” se encuentra disponible en www.asjhonduras.com
