
Tegucigalpa.- Las paradojas del ejercicio público suelen reflejar las complejas contradicciones del poder. En el año 2024, cuando fungía como crítico acérrimo de la administración anterior, el analista financiero Roberto Lagos censuró de manera enérgica al Banco Central de Honduras (BCH) por implementar modificaciones drásticas en la Tasa de Política Monetaria (TPM). En aquella época, el experto recriminó la falta de congruencia institucional y advirtió que tales medidas de choque repercutirían inevitablemente encareciendo los créditos para los ciudadanos, sintetizando su postura con la célebre frase de que las autoridades «ellos solitos se dispararon en el pie».

Sin embargo, el tablero institucional ha dado un vuelco radical al confirmarse que Roberto Lagos ocupa actualmente la presidencia del máximo organismo financiero del Estado. Bajo su propia conducción al frente de la institución encargada de trazar el rumbo cambiario y crediticio, el BCH anunció recientemente una nueva elevación de la tasa directriz hasta situarla en el seis por ciento. Este movimiento estratégico coloca nuevamente bajo el escrutinio público los efectos colaterales que la transmisión monetaria ejerce sobre el costo del dinero en el mercado nacional.

El contraste entre las advertencias lanzadas desde la oposición y las responsabilidades actuales de gestión económica abre un profundo debate sobre los diagnósticos técnicos ante presiones inflacionarias imprevistas. Mientras en el pasado censuraba los incrementos súbitos y abogaba por transiciones graduales, la coyuntura macroeconómica actual ha obligado a su administración a ejecutar ajustes similares para salvaguardar la estabilidad de precios, evidenciando que la teoría económica frecuentemente se subordina a las urgencias de la realidad fiscal.
Las repercusiones de esta decisión repercuten directamente en los bolsillos de los hondureños, particularmente a través de la transferencia del incremento hacia los productos financieros y préstamos bancarios. La gestión de Lagos en la cúpula del ente emisor enfrenta ahora el reto de demostrar la eficacia de sus decisiones, mientras la ciudadanía observa cómo las críticas del pasado se transforman en las políticas oficiales del presente.



