La Procuraduría General de la República (PGR) presentó un recurso de apelación contra el sobreseimiento definitivo dictado a favor del expresidente Juan Orlando Hernández dentro del caso Pandora II, al considerar que todavía existen elementos que deben ser valorados judicialmente.
A través del recurso, la institución solicita a la Corte de Apelaciones designada que revoque la resolución emitida en primera instancia y que, en su lugar, se dicte auto de formal procesamiento por los delitos de fraude y lavado de activos.
La PGR informó que la apelación fue presentada dentro del plazo establecido por la legislación hondureña y que forma parte de las acciones legales encaminadas a determinar el destino de fondos públicos que, según la acusación, habrían sido utilizados de manera irregular.
PGR cuestiona destino de más de L288 millones
Uno de los principales argumentos planteados por la Procuraduría está relacionado con la presunta sustracción de 288 millones 16 mil 175 lempiras del erario público, correspondientes al período comprendido entre 2010 y 2014.
De acuerdo con la institución, esos recursos estaban destinados originalmente a financiar proyectos orientados a reducir la pobreza, generar empleo y promover emprendimientos en unas 80 comunidades del país.
La PGR sostiene que todavía deben esclarecerse las circunstancias relacionadas con el manejo y destino de ese dinero, así como determinar quiénes habrían resultado beneficiados con las operaciones investigadas.
En ese sentido, el procurador general, Dagoberto Aspra, señaló que la institución considera necesario continuar con el proceso judicial para establecer si existió un perjuicio económico para el Estado.
Investigación señala fondos vinculados a campaña política
Otro de los elementos mencionados por la PGR corresponde a las pericias financieras y transaccionales realizadas por el Ministerio Público durante la investigación.
Según la Procuraduría, esos análisis establecieron que al menos 62 millones 26 mil 784.44 lempiras habrían sido utilizados en actividades relacionadas con la campaña política de Juan Orlando Hernández.
La institución considera que estos elementos deben ser valorados dentro del proceso para determinar el destino de los recursos y establecer las responsabilidades que correspondan conforme a derecho.
No obstante, al tratarse de señalamientos contenidos en una investigación y en el recurso de apelación, corresponde a las autoridades judiciales determinar la responsabilidad penal de los involucrados.
PGR cuestiona exclusión de medios de prueba
La Procuraduría también centró parte de sus argumentos en la decisión de excluir varios elementos probatorios que habían sido propuestos por la parte acusadora.
Según la PGR, de los 38 elementos documentales presentados como medios de prueba, el juez determinó inadmitir 22, lo que representa aproximadamente el 58 % de la documentación ofrecida.
A esto se suma, de acuerdo con la institución, la exclusión de la totalidad de la prueba evidencial presentada en el proceso.
La Procuraduría cuestiona que posteriormente se haya señalado una supuesta insuficiencia de pruebas para establecer el destino de los fondos y el beneficio que habría obtenido el imputado, considerando que una parte importante de los elementos propuestos no llegó a ser incorporada al proceso.
Entre los argumentos señalados por el juez, según la PGR, se encontraba que algunos recibos y facturas no estaban extendidos a nombre de Juan Orlando Hernández.
La institución sostiene que esos documentos debían ser analizados junto con el resto de las pruebas financieras y documentales para determinar el recorrido de los fondos investigados.
También cuestionan exclusión de documentos de 80 comunidades
Otro de los puntos que la PGR incluyó en su apelación está relacionado con 80 constancias correspondientes a comunidades que, según la acusación, debieron ser beneficiarias de los recursos públicos.
Para la Procuraduría, esos documentos tenían relevancia dentro de la investigación, ya que podían contribuir a establecer si los proyectos para los que estaban destinados los fondos fueron ejecutados y, en consecuencia, determinar la existencia de un eventual perjuicio al patrimonio estatal.
La exclusión de estos elementos es cuestionada por la institución, que considera que debieron ser valorados junto con las demás pruebas presentadas durante el proceso.
PGR cuestiona liberación de testigo señalado como clave
La Procuraduría también manifestó su desacuerdo con la liberación de Fernando Suárez, a quien identifica como un testigo relevante dentro del caso Pandora II.
Según el comunicado de la institución, el 12 de agosto, cuando el Ministerio Público presentó sus medios de prueba, Suárez permanecía recluido bajo medidas de seguridad.
Sin embargo, ese mismo día, un juez de ejecución habría ordenado su liberación sin que, de acuerdo con la PGR, se realizara una audiencia ni se notificara previamente a las partes involucradas.
La Procuraduría sostiene que Suárez tenía relevancia para la investigación debido a que habría manejado las fundaciones que recibieron parte de los recursos investigados.
Además, la institución señala que el testigo habría proporcionado información sobre las operaciones relacionadas con el supuesto desvío de fondos antes de acogerse a una sentencia de conformidad.
