Tegucigalpa.- El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, se pronunció de manera contundente sobre las recientes citaciones emitidas por el Ministerio Público contra los miembros de la excomisión permanente que fue presidida por Luis Redondo. El líder legislativo subrayó que el sometimiento a la ley es un deber de todo servidor público y rechazó anticipadamente los argumentos de revanchismo, señalando que las actuaciones de dicha comisión se dieron al margen de las atribuciones legales del Pleno.
“Van a salir con que es persecución política, pero ellos violaron las atribuciones y abusaron usurpando las funciones del Pleno y de la Ley”, sentenció Zambrano al cuestionar la legalidad de las decisiones tomadas por la anterior administración legislativa.
Justicia frente a retórica política
Zambrano marcó una distancia clara entre la aplicación de la justicia y las tácticas de presión política, destacando los principios de la actual administración:
- Sujeción a la ley: El parlamentario enfatizó que ningún funcionario, sin importar su cargo o filiación, está exento de ser investigado por los entes competentes si existen indicios de irregularidades.
- Garantías de no persecución: Aseguró que en el gobierno del presidente Nasry “Papi” Asfura prevalecerá el respeto a la ley, garantizando que a ningún ciudadano se le perseguirá por sus posturas políticas, a diferencia de las experiencias vividas bajo mandatos anteriores.
- Respeto a las funciones: Zambrano reiteró que el abuso de funciones y la usurpación de las facultades exclusivas del Pleno son faltas graves que deben ser esclarecidas por la justicia hondureña para sentar precedentes de legalidad.
Diferencias en el ejercicio del poder
Durante su intervención, el titular del Legislativo recordó que, aunque su sector político fue objeto de presiones por parte del gobierno de Libre, la actual gestión no replicará esas prácticas ni solicitará la separación de cargos de manera arbitraria. No obstante, instó a las autoridades a proceder con objetividad para determinar las responsabilidades administrativas o penales derivadas del actuar de la excomisión. Con esta postura, el oficialismo busca desmarcarse de las acusaciones de “persecución” mientras respalda la independencia de las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público en el marco del combate a la impunidad.
