
Tegucigalpa, Honduras. – El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) declaró inadmisibles los recursos de apelación interpuestos por el excandidato presidencial liberal Salvador Nasralla contra el proceso de las elecciones generales de 2025, cerrando así la vía legal para una revisión de los resultados.
La información fue confirmada por el presidente del TJE, Mario Flores Urrutia, tras una reunión del pleno celebrada este lunes, en la que se analizaron tres recursos de apelación presentados por la abogada Karla Romero, en representación del excandidato.
Decisión fue tomada por mayoría de votos
Flores Urrutia detalló que la resolución fue adoptada por mayoría de votos (2-1), luego de que los magistrados analizaran los argumentos planteados en las impugnaciones.
“El pleno del Tribunal tomó una decisión conforme a la ley”, señaló el funcionario, al tiempo que aclaró que las resoluciones del TJE constituyen sentencias firmes e inapelables, sin posibilidad de ser revisadas por una instancia superior.
Plazo jurisdiccional vence el 20 de enero
El presidente del órgano jurisdiccional electoral explicó que el Tribunal cuenta con plazo legal hasta el 20 de enero para conocer y resolver los recursos sometidos a su consideración, procedimiento que según afirmó ya fue agotado en este caso.
Nasralla había solicitado la revisión de más de ocho mil actas a nivel presidencial, argumentando que un nuevo conteo le otorgaría el triunfo en los comicios.
Sin embargo, el TJE determinó que los recursos no cumplían con los requisitos legales para ser admitidos.
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Escenario político previo a la toma de posesión
La resolución del TJE se produce a pocos días de la toma de posesión del presidente electo, Nasry Asfura, prevista para el 27 de enero, cuando asumirá el cargo para el período 2026-2030.
En tanto, los alcaldes municipales y diputados al Congreso Nacional electos asumirán funciones el 25 de enero, dos días antes del cambio de mando en el Poder Ejecutivo.
Con esta decisión, el Tribunal de Justicia Electoral da por concluido el proceso jurisdiccional postelectoral, marcando el cierre legal de las impugnaciones contra los resultados de las elecciones generales de 2025.



