El Instituto Nacional Penitenciario informó este jueves la ejecución de una operación a nivel nacional que contempla el traslado de aproximadamente 90 personas privadas de libertad, investigadas por su presunta participación en actividades de extorsión dentro del sistema penitenciario.
La medida forma parte de acciones estratégicas orientadas a fortalecer el control institucional y desarticular estructuras criminales que operan desde los centros penales del país.
De acuerdo con el comunicado oficial, los reos identificados serían parte de investigaciones en curso por su supuesta vinculación con el delito de extorsión, una de las principales problemáticas de seguridad que enfrenta Honduras.
Traslados a máxima seguridad
Como parte de la operación, el INP determinó el traslado de los privados de libertad a módulos de máxima seguridad ubicados en los centros penales de Támara, Ilama, Siria y Morocelí.
Estas acciones buscan, según la institución, neutralizar cualquier intento de articulación delictiva desde el interior de las cárceles, limitando la comunicación y coordinación entre estructuras criminales.
El objetivo principal es reforzar la seguridad y el orden en el sistema penitenciario, además de reducir el impacto de las redes de extorsión que operan a nivel nacional.
Operativo interinstitucional
La intervención se desarrolla de forma coordinada con varias instituciones de seguridad del Estado, entre ellas la Dirección Policial Anti-Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO).
Según el informe, este esfuerzo conjunto busca garantizar la seguridad institucional y fortalecer la respuesta del Estado frente al delito de extorsión, considerado uno de los más sensibles en el país por su impacto en la población y la actividad económica.
Enfoque integral contra la extorsión
El Instituto Nacional Penitenciario destacó que esta es la primera vez que se ejecuta una acción de este tipo bajo un enfoque integral, que no solo contempla el traslado de internos, sino también el impulso de nuevos procesos legales en coordinación con las autoridades competentes.
Asimismo, reiteró que dentro de los centros penitenciarios no se tolerará ningún tipo de actividad ilícita, advirtiendo que toda persona que incurra en este tipo de conductas será puesta a disposición de las autoridades correspondientes conforme a la ley.
La institución concluyó reafirmando su compromiso de mantener el control en los centros penitenciarios y de continuar fortaleciendo las medidas para combatir las estructuras criminales que operan desde el sistema carcelario hondureño.
