Tegucigalpa, Honduras – La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras ha emitido un fallo significativo al declarar inconstitucional el artículo 34 de la Ley Orgánica de las Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDE).
Este recurso fue presentado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), que argumentó que dicho artículo vulneraba disposiciones fundamentales de la Constitución de la República, especialmente en lo que respecta a la educación superior.
El fallo, emitido con carácter “EX NUNC”, establece que la inconstitucionalidad del artículo 34 tiene efectos retroactivos, lo que implica que su nulidad se aplica desde el momento de su creación.
Este artículo formaba parte del Decreto 120-2013, que fue aprobado por el Congreso Nacional el 12 de junio de 2013 y permitía a las ZEDE establecer sus propias políticas educativas y curriculares, independientemente de las regulaciones nacionales.
Impacto en la Educación Superior y la Constitución
La abogada General de la UNAH, Aída Romero, destacó que el artículo 34 de la Ley de las ZEDE contravenía varios artículos de la Constitución de Honduras, en particular el artículo 160, que otorga a la UNAH la autoridad exclusiva para organizar, dirigir y desarrollar la educación superior en el país.
La disposición impugnada permitía a las ZEDE operar bajo sus propias normas educativas, lo que, según Romero, socavaba las atribuciones de la UNAH y ponía en riesgo la calidad y la uniformidad de la educación superior en Honduras.
Además, el artículo 34 permitía que el ejercicio de las profesiones dentro de las ZEDE no estuviera condicionado a la colegiación o asociación profesional, lo cual también fue visto como una amenaza a las normativas establecidas por la Constitución.
Repercusiones del Fallo
Con esta resolución, la Corte Suprema ha reafirmado la supremacía de la Constitución sobre leyes y decretos que intenten socavar sus disposiciones fundamentales.
Este fallo podría tener implicaciones significativas para el futuro de las ZEDE en Honduras, ya que cuestiona la legalidad de las políticas autónomas que estas zonas pretendían implementar, particularmente en el ámbito educativo.
El fallo también refuerza el rol de la UNAH como la institución central en la educación superior del país, asegurando que ninguna otra entidad, ni siquiera dentro de las ZEDE, pueda imponer políticas educativas que contravengan las normas nacionales.
Este dictamen podría marcar un precedente importante para futuros casos que involucren conflictos entre la Constitución y las leyes específicas que regulan las Zonas Especiales de Desarrollo, subrayando la importancia de la educación superior como un derecho protegido constitucionalmente en Honduras.