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Rutas de buses de San Pedro Sula y Choloma se paralizan por extorsión

Al menos tres empresas debieron que frenar sus operaciones, debido a los altos cobros de extorsión que sufren a diario.

La creciente ola de extorsión que ejercen estructuras criminales contra el sector transporte continúa agravando la crisis de inseguridad en la zona norte del país. Al menos tres empresas de transporte público han suspendido operaciones en San Pedro Sula y Choloma tras recibir constantes amenazas de muerte y exigencias de pago por parte de grupos delictivos.

El rubro del transporte sigue siendo golpeado por la extorsión.

Según denunciaron transportistas, las empresas que cubren la Ruta 1 de buses grandes y rapiditos llevan seis días sin brindar servicio, mientras que otra empresa que opera el recorrido entre San Pedro Sula y el sector de Champerío, en la colonia López Arellano de Choloma, permanece paralizada desde hace dos días.

La suspensión del servicio ha dejado a miles de usuarios sin una de sus principales opciones de transporte, afectando directamente su acceso al trabajo, centros de salud, instituciones educativas y otras actividades básicas de la vida diaria.

Conductores temen por sus vidas

“Ya no podemos trabajar, necesitamos el ingreso para sostener a nuestras familias, pero es más importante la vida. Este país cada día está peor; somos personas honradas y solo queremos ganarnos el pan de cada día. Ya nos han matado a varios conductores y no queremos ser una víctima más de la delincuencia”, expresó un conductor, quien pidió mantenerse en el anonimato por motivos de seguridad.

Los Transportistas siguen esperando mayor apoyo del gobierno para frenar la extorsion.

De acuerdo con los testimonios, los miembros de estas estructuras criminales llegan hasta los puntos de buses y dejan teléfonos celulares, desde los cuales envían mensajes y llamadas con amenazas de muerte si los transportistas no acceden a pagar elevadas sumas de dinero como parte del cobro de extorsión.

El sector transporte reiteró el llamado a las autoridades para que refuercen la seguridad y ejecuten acciones concretas que permitan garantizar la vida de conductores, ayudantes y usuarios, así como el restablecimiento del servicio sin temor a represalias.

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