
Tegucigalpa, Honduras – El Diario Oficial La Gaceta publicó este miércoles el decreto legislativo que autoriza formalmente al Poder Ejecutivo de Honduras a proceder con la venta del avión presidencial Embraer Legacy 600, matrícula FAH‑001.
La disposición, que ahora entra en vigencia oficial, fue aprobada previamente por el Congreso Nacional en enero de 2026 y establece que la transacción deberá realizarse de manera transparente y conforme a las normas legales vigentes, pudiendo efectuarse mediante subasta u otros mecanismos legales autorizados.
Antecedentes del decreto y aprobación unánime
El decreto que permite la venta del avión fue presentado por el diputado Eder Mejía del Partido Nacional a solicitud del presidente Nasry Asfura y aprobado por el pleno del Congreso Nacional por unanimidad el 26 de enero de 2026.
Aunque la ley ya había sido ratificada por los legisladores, su publicación en La Gaceta —el Diario Oficial de la República— era necesaria para habilitar legalmente todo el proceso de comercialización e iniciar los trámites formales de venta.
El avión presidencial y el costo de su mantenimiento
El Embraer Legacy 600 fue adquirido en 2014 durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández por un valor que superó los 14 millones de dólares.
Desde entonces, investigaciones periodísticas han señalado que la aeronave ha permanecido en gran medida inactiva en un hangar, sin un uso oficial constante ni un beneficio operativo claro para el Estado hondureño.
El decreto publicado contempla que, antes de poner la aeronave a la venta, se realice un avalúo técnico especializado, que podrá estar a cargo de expertos nacionales o internacionales, para establecer un precio mínimo justo de venta según el estado técnico, legal y operativo de la aeronave.
Destino de los recursos: salud y educación
De acuerdo con lo estipulado en el decreto, los recursos que se obtengan de la venta del avión presidencial deberán destinarse exclusivamente a fortalecer el sistema de salud pública y a la construcción de centros universitarios en los departamentos donde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) no tiene presencia, con el objetivo de ampliar la cobertura educativa en el país.
Para garantizar la correcta aplicación de estos fondos, se prevé que estos se incorporen al Presupuesto General de la República correspondiente, mediante la Secretaría de Finanzas (Sefin).
Justificación social y control de recursos
Los considerandos del decreto argumentan que mantener un avión presidencial con altos costos de operación, sin una funcionalidad estratégica clara, resulta socialmente injustificable en un país donde la población enfrenta carencias en servicios básicos como salud, educación, nutrición y acceso al agua.
La publicación oficial en La Gaceta convierte en ley la disposición, permitiendo al Gobierno avanzar con los procedimientos de venta bajo un marco de transparencia y control, y respondiendo a las exigencias ciudadanas de una mejor administración de los bienes del Estado.



