Dakar, Senegal
En un comunicado emitido tras la reunión del Consejo de Ministros, el presidente Macky Sall anunció la disolución del Gobierno y propuso el próximo 24 de marzo como la nueva fecha para las elecciones presidenciales en Senegal. Estas elecciones, originalmente programadas para el 25 de febrero, fueron aplazadas, generando una crisis política en el país.
La propuesta de Sall debe ser validada por el Consejo Constitucional, la máxima autoridad electoral del país africano. Además, informó sobre la formación de un nuevo Gobierno, con el hasta ahora titular de Interior, Sidiki Kaba, asumiendo el cargo de primer ministro en reemplazo de Amadou Ba, candidato presidencial de la coalición gubernamental.
Esta decisión llega después de que el Consejo Constitucional rechazara el 2 de junio como nueva fecha para las elecciones, argumentando que fijar la fecha más allá del mandato presidencial en ejercicio es contrario a la Constitución. La futura votación contará solo con la participación de los 19 candidatos previamente seleccionados.
El presidente Sall había propuesto la nueva fecha después de un diálogo nacional boicoteado por la mayoría de la oposición, exacerbando la crisis política que ha afectado la estabilidad democrática del país. La plataforma opositora FC25, que agrupa a 16 de los 19 candidatos, rechazó el diálogo acusando al presidente de violar la Carta Magna senegalesa.
La tensión política se ha intensificado tras el aplazamiento electoral decretado en febrero, declarado ilegal por el Consejo Constitucional. Las protestas en las calles, disueltas con dureza por la Policía, han dejado al menos cuatro personas muertas.
La oposición demandaba que Sall estableciera una nueva fecha antes de agotar su mandato, mientras que el presidente argumentó la necesidad de la moratoria electoral debido a controversias sobre la doble nacionalidad de una candidata, lo que reveló presuntos casos de corrupción de jueces en el proceso de selección de candidaturas. La mayoría de la oposición considera el aplazamiento como un “golpe de Estado constitucional”.
