El sistema de justicia en Honduras enfrenta una severa parálisis administrativa debido a una deuda acumulada de mil millones de lempiras que la Secretaría de Finanzas mantiene con el Poder Judicial. El magistrado Mario Díaz, coordinador de la Sala de lo Penal, denunció que este incumplimiento presupuestario se arrastra desde finales de 2023, impidiendo la ejecución de proyectos vitales y obstaculizando la capacidad del Estado para impartir justicia de manera eficiente en el país.
La falta de transferencia de estos fondos ha generado un cuello de botella que repercute directamente en las actividades cotidianas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Según explicó Díaz, la planificación institucional se ha visto truncada, ya que los recursos necesarios para el funcionamiento de los tribunales no han sido entregados en los tiempos legales correspondientes, lo que traduce la crisis financiera en una dificultad operativa para el acceso a la justicia.
Ante este escenario, el magistrado instó al actual Gobierno a realizar una amortización sustancial antes de que concluya su periodo, advirtiendo que estos son compromisos estatales ineludibles. Díaz subrayó que, de no honrarse la deuda en los próximos meses, la responsabilidad recaerá sobre la siguiente administración, la cual deberá priorizar este pago para evitar un colapso mayor en uno de los poderes fundamentales del Estado.
