Dictamen financiero evacuado este lunes como prueba del Ministerio Público (MP) en la causa por lavado de activos seguida al capitán en condición de retiro de la Fuerzas Armadas, Santos Rodríguez Orellana, su esposa Jennifer Lizzeth Bonilla y su suegra Reina Lizeth Bonilla, reveló como crecían las empresas gerenciados por ellos, aún cerradas.
El ente acusador del Estado señaló que la base de la información fue obtenida por el Servicio de Administración de Rentas (SAR) y algunas corporaciones municipales consultadas.
“Del caso que nos acusaban por lavado de activos de 238 millones -de lempiras- y al final la Fiscalía en 18 meses que estuvimos privados de libertad bajaron más de 100 millones de lempiras que ellos no sustentaban la documentación”, manifestó Orellana.
Y es que de las nueve empresas detectadas a los acusados y según informe de la Unidad Financiera de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), la perito fiscal afirmó que, seis de estas estaban registradas a nombre de su esposa, una a nombre de su suegra y dos a nombre del oficial retirado de las FF.AA.
Sin embargo, la misma investigación señaló que era Orellana quien manejaba los hilos de todas -las nueve empresas- con dinero obtenido durante su asignación en La Mosquitia hondureña, a partir de 2014.
“Si bien es cierto que las empresas no estaban operando como lo manifiesta, pero no era por el delito de lavado de activos. Una de las empresas es para el servicio de taxi, el cual era necesario estar declarado como comerciante individual y en las otras vimos que si hay ingresos y préstamos obtenidos en el sistema cooperativismo y bancario nacional”, indicó German Amador, abogado defensor.
Investigaciones
Según la pericia fiscal, la señora Jennifer Lizzeth Bonilla se constituyó como comerciante individual en 2015 y hace referencia a la forma de como Orellana trasladaba el dinero de La Mosquitia a Tegucigalpa.
De igual forma, detalló que no se encuentra justificación de unos 123 millones de lempiras. No obstante, la defensa del exoficial de la institución castrense afirman que acreditarán la procedencia del dinero.
“Estaremos también acreditando la procedencia lícita de esas cantidades de dinero, las cuales no tienen un margen en cuanto a que las mismas procedan de actividad ilícita como es el tráfico de drogas“, aseguró Percy Elvir, abogado defensor de Orellana.
Las partes fueron convocadas para este martes 23 de mayo a las 9:00 de la mañana para continuar con las audiencias del juicio, con el cierre del Ministerio Público y la Procuraduría General de la República (PGR). Asimismo, iniciar con las pruebas de las tres defensas privadas.
