Tegucigalpa.- El Congreso Nacional aprobó la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, una normativa diseñada con el propósito fundamental de blindar la propiedad privada, frenar las invasiones de tierras y garantizar la seguridad jurídica para los inversionistas nacionales y extranjeros. La legislación surge como una respuesta directa a la creciente conflictividad agraria que afecta al territorio nacional, donde se calcula que más de 84,000 manzanas de tierra productiva se encuentran bajo ocupación ilegal, generando millonarias pérdidas económicas.
La nueva ley declara la actividad agroindustrial como una prioridad nacional y de orden público, extendiendo de igual manera sus mecanismos de blindaje a sectores estratégicos como la energía, el turismo y la infraestructura productiva. Los impulsores de la normativa destacaron que el estricto respeto a los títulos de propiedad es indispensable para restablecer el clima de negocios y retener las inversiones de alto impacto que generan empleo en el sector rural del país.
Inafectabilidad de tierras, desalojos inmediatos y sanciones a funcionarios
Los principales estatutos legales, los plazos de ejecución de las órdenes de desalojo y el marco de responsabilidad civil para las autoridades públicas se detallan a continuación:
- Estatus de inafectabilidad: La ley establece formalmente el carácter inafectable de los predios destinados a la producción agroindustrial, blindándolos contra expropiaciones por utilidad pública o reforma agraria.
- Ejecución inmediata: Las autoridades policiales y los fiscales del Ministerio Público quedan facultados para actuar de forma inmediata y ejecutar desalojos preventivos frente a cualquier ocupación de hecho o bloqueo vial.
- Silencio administrativo: Para agilizar los trámites del sector, la ley incorpora la figura del silencio administrativo positivo para licencias ambientales y permisos operativos en plazos reducidos.
- Restricciones de protesta: Las tomas de carreteras o bloqueos de rutas de transporte de productos perecederos de la agroindustria se categorizan como una amenaza al interés económico general.
- Castigo por omisión: Los funcionarios que retrasen de manera injustificada o se nieguen a dar cumplimiento a un desalojo legal incurrirán en responsabilidad civil, administrativa y penal por faltas graves.
- Resolución por vía judicial: Toda disputa legal relacionada con la titularidad real de una propiedad rural bajo conflicto deberá dirimirse de forma exclusiva ante los tribunales, prohibiendo las tomas de hecho.
- Exclusión indígena: El articulado de la ley excluye expresamente de su aplicación a los territorios ancestrales y tribales reconocidos que cuenten con convenios de protección internacional.
Divisiones por impacto social y vigencia de la normativa agraria
La implementación de la Ley de Protección Agroindustrial ha encendido el debate entre las diferentes fuerzas productivas y sociales del país. Mientras las cámaras empresariales sostienen que los desalojos expeditos detendrán el despojo y la criminalidad en zonas de alta producción como el Bajo Aguán, diversas plataformas agrarias y organizaciones indígenas alertan que la medida agudizará la criminalización del campesinado y bloqueará las rutas institucionales de acceso a la tierra.
A pesar de las observaciones y las protestas de algunos sectores, los órganos de seguridad del Estado ya coordinan los primeros operativos de desalojo masivo bajo este nuevo marco jurídico para hacer prevalecer el derecho de propiedad en los departamentos con mayor mora judicial.
