Tegucigalpa, Honduras – El Ministerio Público (MP), mediante la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ), ha logrado un importante avance en la lucha contra la corrupción con la revocación del sobreseimiento definitivo dictado a favor del juez ejecutor Edgardo Enrique Rivera Argueta.
Este sobreseimiento había sido emitido en relación con el delito de prevaricato judicial.
La Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción ha resuelto favorablemente el recurso de apelación interpuesto por el MP, declarando parcialmente “ha lugar” dicho recurso.
Como resultado, se ha ordenado la emisión del correspondiente auto de formal procesamiento contra Rivera Argueta por el delito en cuestión.
Rivera Argueta enfrenta acusaciones de prevaricato judicial y falsificación de documentos públicos, presuntamente cometidos en detrimento de la administración de justicia y la fe pública.
La investigación de la fiscalía revela que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia conoció del Recurso de Amparo N°. SCO-0937-2016, interpuesto el 10 de octubre de 2016 por el abogado Walter Enrique Pineda Paredes.
Este recurso fue presentado en favor de José Ovidio Rodríguez Vásquez contra actuaciones del MP relacionadas con una solicitud de nombramiento y juramentación de peritos ante el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa.
La solicitud del MP tenía el objetivo de revisar y dictaminar un documento del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) en una causa denunciada por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
La denuncia incluía a Ángel Armando Cerrato, Magaly Bustillo Streber, José Antonio Elvir Vásquez, y José Ovidio Rodríguez, este último siendo en ese momento un alto funcionario del Estado como magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
El 22 de noviembre de 2018, la Sala de lo Constitucional declaró con lugar la acción de amparo, debido a una supuesta vulneración del debido proceso, pero no ordenó el cierre de la denuncia como lo hizo Rivera Argueta en una orden del 24 de octubre de 2023.
El MP argumenta que el juez ejecutor excedió sus facultades al ordenar el cierre del expediente de manera imperativa, una acción que, según los fiscales, contraviene los límites establecidos en las sentencias relacionadas.
La Sala de lo Constitucional se centró en temas de competencia y determinó que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) era el organismo adecuado para investigar los delitos mencionados, sin que se indicara el cierre de la denuncia contra los investigados José Ovidio Rodríguez Vásquez, David Guillermo Chávez Madison, Mario Alejandro Calderón Maldonado, y Ángel Armando Aguiriano Cerrato, quienes están involucrados en un contrato millonario que defraudó al Estado de Honduras.
Este desarrollo marca un paso significativo en la búsqueda de justicia y la rendición de cuentas en casos de corrupción.
La resolución del recurso de apelación y la revocación del sobreseimiento definitivo son indicativos del compromiso del MP y la justicia hondureña en la lucha contra la corrupción y el abuso de poder.
